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Antonio F. de la Gándara
Jueves, 1 de enero 1970
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El juez Salvador Alba compareció este viernes a petición propia ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le investiga como supuesto autor de cuatro delitos (prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, delito contra la administración de Justicia y falsedad; la lista podría ampliarse a revelación de secretos).
Alba pidió su comparecencia tras tener conocimiento de que los peritos de la Guardia Civil habían certificado que el archivo REC4 hallado en la grabadora de Miguel Ángel Ramírez, que contiene los 77 minutos íntegros de su conversación con Miguel Ángel Ramírez –supuestamente el 16 de marzo de 2016, en la famosa reunión extraoficial en el despacho del juez– no tienen «paradas, cortes o inserciones, ni ningún suceso carente de lógica», información publicada en primicia por este periódico.
El investigado se había negado a hablar del contenido del archivo en su comparecencia ante Margarita Varona el pasado 19 de diciembre, alegando que había impugnado la prueba al considerarla ilícita. Este viernes, y a la vista de este peritaje oficial que en apariencia la avala, se presentó ante la juez, asistido por los abogados Pedro Ayala y Nicolás González Cuéllar, para asegurar que la grabación seguía siendo un copia y pega ilegítimo que se nutre de tres episodios distintos, siempre según el juez investigado: parte de su conversación con Ramírez a solas en su despacho el 16 de marzo de 2016 –primer episodio–, extractos de la comparecencia oficial en la que Ramírez declaró ante Alba como juez de instrucción 8 el 23 de marzo siguiente –segundo episodio– y retazos de una tercera reunión –de la que hasta ahora no se había hablando– que según Alba se habría mantenido tras la declaración oficial de Ramírez: al acabar, el empresario, acompañado por un abogado, habría seguido al juez hasta su despacho y allí habría seguido la charla. Pues bien, según Alba, REC004 es un compendio manipulado de estas tres conversaciones para hacer creer que dijo lo que en realidad no dijo.
El juez Alba denuncio el pasado 31 de marzo ante la Fiscalía coacciones por parte de Ramón Arnau, un exconvicto con el que intercambió emails a finales de marzo. Alba dice que «creyendo que era una broma de un compañero», le escribió -según él, en realidad quien escribía en el ordenadro era su mujer-, que su propósito desde hace años era “poner fuera de la judicatura» a Rosell. Arnau le pidió dinero a cambio de entregarle un dossier contra Rosell y otros miembros de «la mafia judicial», y entonces Alba abandonó su relación epistolar con él.
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