El 35% de las administraciones de las islas incumplen en igualdad

El estudio que llevaron a cabo la adjunta de Igualdad, Beatriz Barrera Vera, y la asesora de la Adjuntía, Amanda Armas, analizó 380 entidades dependientes tanto del Gobierno de Canarias como de las corporaciones locales, y determinó que 131 de ellas (34%) incumplen con el principio de igualdad. De ellas, 31 lo hacen por «exceso» de mujeres en sus órganos de representación y tal como indica el estudio, en un 90% de los casos corresponden a los ámbitos de salud, cultura y servicios sociales.

Los cabildos son las administraciones que registran un mayor incumplimiento respecto a la equidad. De 83 entidades existentes en las ocho islas dependientes de las corporaciones insulares, solo 44 (53%) presentan un equilibrio en cuanto a la presencia de hombres y mujeres. La excepción es La Palma, ya que sus organismos respetan la igualdad en un 100%, mientras que Lanzarote presenta el peor porcentaje, que es de un escaso 12,5%. Gran Canaria y Tenerife reflejan ambas un 50%.

Por el contrario, los ayuntamientos son las instituciones que más respetan el principio de representación equilibrada -cerca de un 78%-. En realidad, más de la mitad de los 88 municipios canarios no cuentan con empresas, fundaciones o cualquier otro tipo de entidades dependientes. De los 34 que sí tienen, 22 son igualitarios. Las únicas entidades dependientes de Puerto de la Cruz y Valleseco incumplen. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo sectorial de cultura tiene el porcentaje más bajo de equilibrio entre hombres y mujeres, puesto que está compuesto por siete varones. Igual ocurre en Gestión Integral de Ingresos de Santa Lucía (integrado por cuatro consejeros) o Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife y Sociedad de Desarrollo de Tenerife. En ambas, el 100% de sus representantes son hombres, según la Diputación del Común.

Entre las consejerías del Gobierno de Canarias, el 90% de los órganos dependientes de la Consejería de Hacienda respeta el equilibrio, mientras que en Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se eleva al 80%. Frente a estos dos departamentos, que son los más cumplidores con los compromisos de igualdad, solo dos de los diez entes que dependen de Agricultura y Pesca mantienen la equidad. Subraya el informe que el único incumplimiento detectado en Hacienda se producía en el consejo de administración de Grecasa y fue «corregido inmediatamente».

En el caso de la Consejería de Derechos Sociales, dos de los organismos que no respetan este principio lo hacen por tener mayoría de mujeres: el Consejo Canario de Igualdad de Género (95,45%) y el Consejo rector del Instituto Canario de Igualdad (100%).

La Adjuntía de la Diputación del Común puntualiza que inició esta investigación de oficio a principios de 2020 después de conocer a través de la prensa que el equilibrio entre géneros no es real en las administraciones públicas y «partiendo de la premisa de que la participación equitativa de las mujeres y los hombres en los espacios de poder contribuiría a una más eficaz formulación de las políticas mediante la redefinición de prioridades y la inclusión de nuevos asuntos en la agenda política para la atención de las necesidades de todas las personas».

meses, desde enero de 2020 a febrero de 2022 duró la investigación de oficio realizada por la adjunta especial de igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, y la asesora de la Adjuntía, Amanda Armas.

A pesar de que la Diputación del Común se encontró con la dificulta de que el estado de alarma decretado tras la declaración de la pandemia supuso la suspensión en la tramitación de expedientes administrativos, subraya Beatriz Barrera en su informe que «en general, no podemos valorar como positivo el grado de colaboración (de las instituciones públicas) con este Comisionado parlamentario».

Y es que la mayoría de las administraciones, tanto autonómicas como locales, se tomaron su tiempo para responder a la solicitud de información realizada por este organismo. Tal es así que los ayuntamientos de La Oliva y Telde, o la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias tardaron casi dos años en responder a la Diputación, en torno a 670 días, desde que les fue remitida la solicitud hasta la fecha en la que obtuvieron la respuesta. En cambio, Fasnia (16 días) y Agulo y Valverde (17 días) fueron los ayuntamientos más diligentes. En la comunidad autónoma, las consejerías de Hacienda y Derechos Sociales tardaron poco más de un mes en hacer llegar la información. En cuanto a los cabildos, su información osciló entre los cerca de cinco meses que se demoraron Lanzarote y Gran Canaria hasta cerca de un año en el caso de La Palma.

A juicio de las autoras del estudio, era «imprescindible que la respuesta se recibiera en un plazo razonable». Además destacan que algunos expedientes, correspondientes mayoritariamente a cabildos y consejerías del Gobierno, facilitaron la información en un primer momento «de forma parcial», por lo que fue necesario complementaria con posterioridad con nuevos informes.