40 años bajo la Constitución
El aniversario redondo de la Carta Magna española reabre el eterno debate sobre si cabe abordar una reforma para adaptarla a los nuevos tiempos o basta con desarrollar todo el potencial que ya ofrece. Los políticos canarios que se sentaban en las Cortes en 1978 comparten que hoy el clima de enfrentamiento dificulta que se pueda alcanzar un consenso como el que posibilitó entonces el paso de la dictadura a la democracia
Loreto Gutiérrez y Madrid
Domingo, 11 de noviembre 2018, 08:06
La ley de leyes que sustenta la convivencia democrática de los españoles cumple cuatro décadas de vigencia -fue aprobada por las Cortes en octubre de 1978, ratificada en referéndum el 6 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre-, un aniversario redondo que se presta a homenajes, perfila luces y sombras y, como cada año, reabre el debate sobre la conveniencia de acometer su puesta al día.
Con ocasión de los 40 años de la Constitución, el Parlamento de Canarias va a celebrar mañana una sesión solemne con la presencia de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y del presidente del Senado, Pio García Escudero, en un acto conmemorativo que busca representar en el homenaje a todas las asambleas legislativas autonómicas como parte de la estructura institucional del Estado.
Pero si echamos la vista atrás, hay también voces canarias con una amplia perspectiva para hacer balance de estos cuarenta años, como testigos directos y partícipes en la elaboración de la Carta Magna desde sus escaños en el Congreso y en el Senado durante la legislatura constituyente (1977-1979).
«El proceso fue modélico», asegura María Dolores Pelayo, abogada socialista y una de las 27 mujeres que formaron parte de aquellas Cortes, entonces como senadora electa por la UCD, «se redactó la Constitución más progresista de Europa, que dio cabida a las aspiraciones y derechos de la sociedad española e instituyó las autonomías, una obra a la que me siento orgullosa de haber podido contribuir», añade.
No cree sin embargo Pelayo que el grado de consenso que se quiso y se supo alcanzar en aquel camino incierto desde la dictadura a la democracia pueda repetirse en el actual panorama político para afrontar con garantías una reforma de la Constitución. «En el 78 se pusieron de acuerdo UCD y PSOE y todos los demás los siguieron, pero ahora faltan partidos con visión de Estado y no parece que sean capaces de anteponer el interés general al suyo propio», señala.
Considera en todo caso que de acometerse una reforma para actualizar la carta Magna, tendría que ser acotada y bajo unas pautas previas. «Lo lógico y lo prudente es que antes de tocar nada se cuente primero con el apoyo parlamentario y que los partidos se pongan de acuerdo en qué aspectos concretos se van a modificar», expone, «no se trata de abrir el melón de golpe ni de iniciar un nuevo proceso constituyente, porque eso sería un disparate», añade.
Por su parte, el veterano político José Miguel Bravo de Laguna, que en 1978 ocupaba un escaño en el Congreso por la UCD, hace un balance «enormemente positivo» de la Constitución y de su papel en la madurez democrática de España. «Eso no significa que haya estado exenta de errores», puntualiza, «pero desde la perspectiva histórica la valoración solo puede ser buena», añade.
Tampoco cree que la Constitución sea una norma inamovible y reconoce que la experiencia de estos años aconseja hacer algunas modificaciones, siempre teniendo claro «cuáles y en qué dirección», aunque cree que promover una reforma sin consenso «sería peor que dejarla como está», porque a su juicio conduciría a reproducir enfrentamientos superados con generosidad por parte de todos hace cuarenta años. «Hoy no hay un clima político propicio y ya se sabe que en tiempo de tribulación es mejor no hacer mudanza», señala.
Otro histórico político canario que estaba en 1978 en el Congreso, el socialista Jerónimo Saavedra, único representante isleño llamado a comparecer en la comisión territorial que estudia la eventual reforma constitucional, se muestra partidario de acometer una modificación acotada para, entre otras cosas, clarificar el reparto competencial entre la Administración estatal y las autonomías, al objeto de evitar confusiones y rebajar el alto grado de conflictividad actual, con un notable número de recursos ante el Tribunal Constitucional.
