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Sánchez, desaforado

Sánchez, desaforado

Jueves, 1 de enero 1970

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con un acto de presentación del balance de los primeros cien días de su Ejecutivo reformista, ha hecho pública su propuesta de reforma constitucional exprés para acabar con los aforamientos. Y, sinceramente, me ha parecido que en ella hay mucho más ruido que nueces. Aunque igual se trata de eso, de hacer ruido mediático, de realizar el mayor postureo posible, emulando a los dos líderes de la derecha opositora, Casado y Rivera, expertos en el numerito, el titular demagógico, la acusación infundada... en privilegiar, en definitiva, el ruido frente a las nueces.

Me encuentro entre los convencidos de que, cuarenta años después de su aprobación en referéndum en diciembre de 1978, es necesaria y conveniente una reforma de la Carta Magna para adaptarla a los nuevos tiempos. Como también ha venido sucediendo con los reformados estatutos de autonomía que no solo incluyen competencias que amplían los respectivos autogobiernos, sino que incorporan interesantes derechos cívicos, como sucede con el canario que actualmente se tramita en las Cortes y que puede ser aprobado próximamente.

Estos legítimos deseos de reforma de la CE no suponen, al menos en mi caso, un cuestionamiento global de la Constitución aprobada entonces, en un contexto político muy difícil, tres años después de la muerte del dictador, pero con las estructuras de su régimen bien vivas en los aparatos del Estado y, también, en el conjunto de la sociedad.

Con el temor, aún presente en aquellas fechas, a una posible involución que nos devolviera a las catacumbas del franquismo, es decir, a la represión, a la falta de libertades, a la ausencia de democracia. Incluso con la Constitución aprobada se produciría un intento de golpe de Estado en febrero de 1981, del que todavía desconocemos buena parte de su trama y de sus autores en la trastienda. Con sombras más que reales.

Una constitución, la de 1978, que no es perfecta (¿alguna lo es?), que tiene aspectos cuestionables, pero que ha posibilitado avances sustanciales, desde la consecución de la sanidad universal a los avances en la igualdad de mujeres y hombres o los derechos de homosexuales y lesbianas, pasando por un desarrollo del autogobierno que ni soñábamos a finales de los setenta, conformando uno de los países más descentralizados del mundo.

Con esa Constitución, evidentemente perfeccionable, ha sido posible evolucionar positivamente en muchos aspectos, homologándonos a los países más avanzados de nuestro entorno europeo. Otra cosa es su interpretación y desarrollo por los diferentes gobiernos. O los cambios en su articulado forzados por intereses que no son precisamente los de la ciudadanía y, pese a su relevancia y gravedad, llevados a cabo sin consultar a esta.

Artículo 135. Soy plenamente consciente, asimismo, de que semejante objetivo, llevar a cabo la reforma constitucional, exige el establecimiento de amplias mayorías para lograrla; afortunadamente es así y no queda al albur de los posicionamientos de un Gobierno.

Hubo mayorías, lamentablemente a mi juicio, para la modificación del artículo 135 de la Constitución para blindar el pago de la deuda, efectuada en 2011 con Zapatero al frente del Ejecutivo. Entonces, PP y PSOE (salvo algunos pocos diputados díscolos) aprobaron con urgencia este cambio que exigían los mercados, nuevos depositarios, al parecer, de la soberanía popular.

Una modificación, la del artículo 135 de la Constitución Española, que fue el sustento imprescindible para los duros recortes económicos que padecieron durante una década los servicios públicos fundamentales, perdiendo recursos económicos y reduciendo significativamente su número de profesionales. Plasmados en leyes como la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, en este caso sacada adelante por el PP de Mariano Rajoy.

Pero, perdonen, lo de los aforamientos no me parece el asunto más relevante a modificar. Yo pondría por delante el blindaje real de los servicios públicos o del acceso a la vivienda, algo cada vez más difícil para muchos ciudadanos y ciudadanas en Canarias y en el conjunto del Estado. O eliminar la prevalencia masculina en la sucesión de la Corona. Y, por supuesto, los cambios en el modelo territorial, avanzando hacia un sistema federal y completando el camino iniciado con el proceso autonómico que se abrió hace cuatro décadas.

Sé que en varios de estos asuntos no hay el menor consenso. Que hay fuerzas políticas que desean una mayor centralización o que les preocupa bien poco el devenir de la sanidad o la educación públicas. Que los aires de proceso constituyente, que tímidamente soplaron hace apenas cuatro años, están más que amainados. Que, como manifesté entonces, había más posibilidades de una contra reforma conservadora que de una transformación progresista del marco constitucional.

Fin de los aforados. Pero volviendo al tema de los aforamientos, la medida se plantea sin contar con el consenso necesario para que salga adelante: el PP puede bloquearla en el Senado.

Además, es tremendamente restrictiva, afectando a aquellos presuntos delitos que no están vinculados con las actuaciones en las instituciones, es decir, una infracción de tráfico, el robo en un supermercado o las consecuencias de una reyerta callejera. Supongo que también incluye las trampas en los títulos académicos, en las que seguiremos viendo nuevos protagonistas, la última la responsable de Ciudadanos en el ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, con un máster que no pasa de ser un curso de menor enjundia, y un posgrado que tampoco lo es, como ha desvelado eldiario.es.

Considero que el meollo de la cuestión se encuentra en otro lado. En aquellas conductas que han propiciado el asalto a las arcas públicas, la indecente relación entre determinados empresarios y políticos, el enriquecimiento personal de unos pocos en medio del sufrimiento de muchos. Las vinculadas al ejercicio del cargo, que no se verán afectadas por este intento de reforma exprés de Sánchez. El reformado Estatuto canario es mucho más contundente en este aspecto: suprime totalmente los aforamientos.

La política se está convirtiendo en un espectáculo mediático. Se trata, cada vez más, de colocarse en la agenda de los medios de comunicación y de las redes sociales, aunque eso haga que la mayoría de los asuntos tengan escaso contenido y una caducidad extrema. Y a eso parece que vienen jugando la mayoría de los grandes partidos españoles y de sus medios afines, incluyendo el poco noble ejercicio, como hemos visto estos días, de la difamación y la mentira. Urgen cambios para devolverle la altura ética que precisa y merece.

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