Insulto a la vejez
Hace una semana este periódico daba cuenta que dos ancianos, con problemas de demencia, llevaban seis meses ingresados en el servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. La noticia vergonzante, indignante, fue conocida gracias a la denuncia realizada por los trabajadores del mismo centro, que declaraban que los pacientes, que no reunían ningún criterio para tan alargado ingreso, sufrían desorientación y pérdida de noción tras tanto tiempo de permanencia en un espacio que no reúne las condiciones para el mal que les afecta. Sus familiares los ingresaron y nunca más quisieron llevárselos a casa. ¡Horror! La falta de plazas en un centro sociosanitario ha provocado esta auténtica agresión a la dignidad de estas dos personas. La lentitud judicial también ayuda.
Horas más tarde entrábamos en una espiral sonrojante. Se supo, entonces, que no eran dos sino seis los mayores que vivían en las urgencias de tres hospitales canarios. Al día siguiente la realidad se tornó más sangrante, la cifra de viejitos que ocupaban camas en el Doctor Negrín e Insular con alta médica pero que permanecían a la espera de una plaza en un recinto sociosanitario era de 58.
No paró ahí la maldita ruleta. El propio consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, en un gesto que le honra, afirmó que la realidad es aun más dramática que la denunciada por los sindicatos. Contrariamente a lo que acostumbra la oficialidad corrigió al alza las cifras. «Ya me gustaría», dijo, «que fueran 58, pero son más de 120» los abuelos que están hospitalizados que disponen de alta médica pero siguen a la espera de una cama en una residencia adecuada a sus necesidades.
Entremedias, la consejera de Política Social del Cabildo grancanario, Elena Máñez, no dudó en reconocer la responsabilidad compartida de las corporaciones insulares y el Gobierno regional en asuntos tan desgarradores como este y sin reparos afirmó que ya no valen parches para seguir apagando fuegos. La construcción de plazas en materia de dependencia arrastra un retraso escandaloso. Solo en Gran Canaria hay una lista de espera de 1.700. Lo desolador es que en el año 2002, hace ya tres lustros, el Gobierno canario aprobó un plan de infraestructuras que de haberse ejecutado podría haber aliviado en gran medida lo que ahora estamos sufriendo, que no es otra cosa sino un clamoroso insulto a la vejez.
Hace mucho que se sabe que nos enfrentamos al principal reto demográfico de nuestra historia: el aumento de la longevidad. En 2030 los mayores de 65 años en el Archipiélago superarán el medio millón y hace bastante que era evidente que había que corregir las políticas públicas para hacer frente con dignidad a esta realidad.
Sin embargo, los tozudos hechos demuestran que muy poco se ha hecho y que las deficiencias siguen siendo clamorosas. Ya no valen las palabras ni escudarse en cuestiones competenciales, burocráticas o, incluso, leguleyas. Es asunto de todos acabar con estas miserias. Agilidad, extrema agilidad es lo que se precisa ante este fracaso tan estrepitoso del sistema.
