Frialdad ante el nuevo Estatuto

Un texto como el aprobado por las Cortes Generales no pude dejar indiferente a ningún canario y mucho menos a los nacionalistas. Entiendo que a Coalición Canaria le duela que se haya colado un sistema electoral mucho más democrático y contra el que ha ejercido mucha presión, pero la historia coloca al nacionalismo, si sigue siendo nacionalista CC, en la mejor de las posiciones para gobernar Canarias como una región de primera, desde la madurez política e institucional. Si algo es este nuevo Estatuto es progresista y nacionalista, aunque no lo parezca por la frialdad con la que se ha acogido y divulgado cuando las reglas del juego han cambiado sustancialmente para el autogobierno en muchos aspectos y marcarán el futuro inmediato del archipiélago, en lo económico, social y político.

El nuevo Estatuto da un salto cualitativo en el aspecto político-institucional con el otorgamiento al presidente de capacidad para disolver el Parlamento y convocar elecciones, actuar por decreto. Acerca la vida política al sentir ciudadano al eliminar los aforamientos de los diputados regionales, mientras en el ámbito competencial se abren múltiples posibilidades de asumir nuevas áreas de gobierno mediante convenios con el Estado, con especial incidencia en la gestión de costas, la acción exterior, prisiones, justicia, etc. El régimen económico quedará fuera de la financiación autonómica, se cambia el sistema electoral y el Archipiélago pasa a tener ocho islas, al incluir La Graciosa. Entre las mejoras destaca también el anclaje del REF y su desvinculación del sistema de financiación autonómica, un logro histórico que consolida el fuero de las islas con el máximo rango legal e impide que futuras interpretaciones arbitrarias cuestionen el derecho reconocido de Canarias a que se compense el sobrecoste de la lejanía sin merma de los fondos destinados a sufragar los servicios básicos esenciales.

Otro hito es la reforma del sistema electoral. Se trata de un sistema único en España. Se amplía a 70 escaños, un diputado más para la isla de Fuerteventura, lista autonómica de 9 diputados y bajada de barreras al 15% insular y al 4% regional. En el ámbito de los derechos sociales destaca el acuerdo para que las personas que se encuentren en situación de exclusión social tengan derecho a acceder a una renta de ciudadanía «en los términos que establezcan las leyes». Los poderes públicos velarán por erradicar los efectos de la pobreza y la exclusión social en las personas que viven en Canarias a través del desarrollo de los servicios públicos.

Las circunstancias políticas han permitido que el PP y el PSOE hayan apoyado un reconocimiento de tal calibre, una mayor descentralización y cuotas inimaginables de autogobierno, un gran paso que merece ser reconocido como un hito en la pobre política canaria, tan apegada a lo inmediato y tan falta de altura de miras a la hora de plantear las graves deficiencias. Un hecho histórico que merece, como mínimo, una campaña divulgativa para que los canarios conozcamos a fondo de qué «constitución» nos hemos dotado, y hasta dónde llega la capacidad de autogestión de los poderes públicos canarios. Un hito que necesita también que los sucesivos gobiernos se empleen a fondo para que lo que ahora está impreso y reconocido se haga realidad.

El nuevo Estatuto marca al ejecutivo y al legislativo un camino que permitirá a Canarias madurar mucho más en autogestión, en democracia, identidad y cultura política. Los canarios tenemos derecho a que las cosas se hagan bien, desde aquí, sin tapujos. Y solo cabe esperar que nuestros políticos cumplan con su deber.