Tal vez algún dirigente (o varios) del nacionalismo canario debería entrar en la cárcel, si se trata de forzar las debidas atenciones del Gobierno central. Así le funciona el pulso a otros; sólo desde la confrontación parece respetarse la diferencia. Vascos y catalanes disfrutan de la estrategia de tensión porque las beneficios de la gestión se plantean como conflictos políticos. Da igual la pertinencia de la reclamación; la fragilidad de los poderes centrales hace que las alianzas se sostengan con los horcones de la conveniencia mutua, sin importar el tamaño de las tropelías. Estar apartados de la vida pública por sentencias firmes no supone impedimento alguno para ceder el protagonismo de las decisiones. Más bien parece un refuerzo a la capacidad negociadora, como muestran las últimas concesiones.
Canarias carece de esa dinámica. La riqueza insular no alcanza a fortalecer la voz, y al nacionalismo local le fallan las moquetas desde que perdieron la llave de las mayorías. Por evitar riesgos los más radicales portavoces de las islas eluden toda tentación soberanista, y su gestión queda supeditada al holgazán de turno, sea ministro, ministra o funcionario. El entendimiento entre supuestos progresistas no funciona igual en todas partes. El voluntarismo aplicado a los incendios en el Archipiélago y esa camaradería de los pactos locales allá se ven como síntomas del paraíso. Las islas hoy son el patio trasero de Madrid. El escaso impacto de la pandemia tampoco ayuda. Los virus se atacan en otras trincheras.
Por eso conviene aplicar otros modos de persuasión, una fórmula más expedita que rompa la tendencia al chantaje de Madrid en los asuntos de la Hacienda canaria. Deben millonadas y exigen pleitesía para sentarse a negociar. Tratan de agotar la paciencia reteniendo dinero ajeno. Sólo negocian con desobedientes.
