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La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido 87 y 84 años de cárcel respectivamente y el pago de 25.000 euros a cada una de las once víctimas denunciantes, para Guacimara del Pino C. A. y Francisco José R. S., que eran los gestores de la residencia de ancianos Nuestra Señora del Buen Consejo, en Escaleritas. De esta forma se dio a conocer en este periódico un caso que ha vuelto a poner en el foco de atención de nuestra sociedad a las residencias de ancianos, unos centros que han estado permanentemente en el punto de mira y que vuelven a cobrar actualidad.

Una cosa hay que tener en cuenta: esta investigación se remonta al principio de la presente década y el citado centro ya ha cerrado sus puertas, además de que, como así afirmó la fiscal decana de la sección de lo Civil de Las Palmas, Rosa Rubio, «la situación de las residencias de mayores en las islas ha mejorado mucho en los últimos años“ aunque también advirtió que no se puede “bajar la guardia de ninguna manera».

Y es que los centros para mayores tienen una mala fama y halo de sospecha tras ellos que se ha ido generando y engordando año tras año después del estallido de escándalos de malos tratos y falta de atención a sus usuarios. Es muy complicado para los familiares conocer exactamente el estado de sus mayores cuando están en residencias y, como advirtieron los expertos en esta materia, para prevenir que se cometan tropelías con ellos, lo que se precisan son más inspectores y que los expedientes sancionadores se ejecuten con dureza y sin miramientos. Esta es la única manera para que los desalmados que se aprovechan de desesperación de los que no tienen forma de cuidar a sus ancianos, no campen a sus anchas. Unos sinvergüenzas que atentan contra los derechos fundamentales de las personas que construyeron la sociedad donde viven, cientos de personas que no se pueden valer por sí mismas y, por ende, no tienen manera de denunciar los abusos. Eso agrava aún más esa indecente forma de maltratar los últimos años de vida de aquellos que nos vieron nacer.

Al menos, que este caso no solo sirva para sentar en el banquillo de los acusados a los dos investigados, sino también para poner en alerta a familiares y propietarios de residencias. La Justicia vigila de cerca y hay condena para los desalmados. Nuestros ancianos merecen el mayor de los respetos.

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