Rechazo en la calle

Desde su toma de posesión, el presidente y su Gobierno han sido rehenes de los acuerdos con dos partidos que no ocultan su deseo de quebrar la unidad constitucional: ERC y Bildu. Pero esa primacía de los soberanistas se ha acrecentado en los últimos tiempos, sometiendo al Ejecutivo y a quien lo preside a un chantaje nada disimulado. Lo vimos con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y lo hemos visto ahora con una reforma del Código Penal para borrar la sedición y difuminar la malversación. En ambos casos se trata claramente de un traje a la medida de los condenados por el 'procés', algo inaceptable una democracia solvente. Porque una cosa es la legitimidad para modificar el Código Penal y otra que esos cambios se hagan a instancias de quienes se saltaron la ley.

A todo esto hay que sumar las decisiones avaladas por el Gobierno en su conjunto y que han tenido un resultado demoledor. Nos referimos a la llamada ley del 'sí es sí', que está provocando rebajas de penas y excarcelaciones de condenados por delitos sexuales. Se trata, evidentemente, de un efecto indeseado por los artífices de la ley -Podemos en primera instancia y el PSOE como colaborador necesario-, pero no hay disculpa para la soberbia con que se está actuando cuando es evidente el abismo entre lo que se pretendía y lo que se ha favorecido.

Con todo ello, Pedro Sánchez va camino de ser una pesada losa para su partido de cara a las elecciones de mayo. Y todo ello se agrava por la evidencia de que el Partido Socialista se ha diluido orgánicamente, cediendo el control a La Moncloa. Haría bien Sánchez es bajar del Falcon y escuchar a la calle, pero quizás ya sea tarde. Muy tarde.