El acceso a la vivienda, una prioridad para el Gobierno de Canarias

Este se ha convertido en uno de los problemas sociales más apremiantes en nuestro archipiélago. El elevado coste del alquiler, el auge del alquiler vacacional y la creciente cantidad de viviendas desocupadas están obstaculizando, cada vez, más el acceso de las familias canarias a una vivienda digna.

Somos plenamente conscientes de la gravedad de esta situación y estamos tomando una serie de medidas para abordarla. En las escasas semanas desde la formación del Ejecutivo, hemos trabajado intensamente para analizar la situación y definir las líneas estratégicas que guiarán nuestra acción en los próximos años. La vivienda se erige como una prioridad indiscutible del Gobierno bajo la dirección de Fernando Clavijo, no únicamente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

En primer lugar, nuestra principal línea de actuación consistirá en aumentar la oferta de vivienda pública para satisfacer la demanda de las familias canarias. Lo lograremos mediante la construcción de nuevas viviendas y alentando la adquisición de propiedades desocupadas en manos privadas para incorporarlas al parque público.

A diferencia de nuestros predecesores en el Gobierno, reconocemos que la promoción de nuevas construcciones conlleva procesos de licitación pública que, en ocasiones, implican largos plazos desde el inicio de los trámites administrativos hasta la entrega de las viviendas. No obstante, no renunciamos a esta estrategia; por el contrario, creemos que debe complementarse con una serie de acciones adicionales para abordar este problema, como la incorporación de viviendas desocupadas al mercado inmobiliario a través de la colaboración público-privada o la compra de propiedades provenientes de obras suspendidas y edificaciones incompletas de la crisis de 2008, como está promoviendo de forma estratégica y determinante la empresa pública Visocan, dependiente de la Consejería.

Desgraciadamente, una vez que hemos llegado al departamento, hemos detectado que no se ha realizado una evaluación adecuada del impacto real del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 en sus primeros tres años de desarrollo. Desde esta Consejería, defendemos la transparencia y la diversificación de acciones, a diferencia de los responsables anteriores, y nos comprometemos a llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la situación antes de que concluya el año en curso.

En el caso concreto de la isla de La Palma, cuya reconstrucción tras el volcán también es una prioridad para este Ejecutivo durante la legislatura en curso, estamos impulsando un programa especial para hacer frente a la emergencia habitacional. Este programa, denominado 'La Palma 700', prevé la construcción de 700 viviendas en toda la isla. Se iniciará con 100 inmuebles en el término municipal de Tazacorte, que ya cuentan con una inversión pública que supera los 100 millones de euros.

Tras dos años desde el inicio de la erupción, los habitantes de La Palma merecen representantes públicos capaces de abordar la crisis habitacional que asola la isla. Resulta incomprensible que, dos años después de la llegada de la lava, aún haya personas viviendo en el hotel de Fuencaliente.

En contraposición a la retórica y a la propaganda del llamado Pacto de las Flores, nosotros trabajaremos basándonos en resultados tangibles, abordando todas las facetas del problema habitacional de Canarias. Nuestro Archipiélago va más allá de las islas capitalinas y los núcleos urbanos más poblados; también debemos prestar atención y resolver las necesidades de la otra Canarias, la Canarias rural. La falta de oportunidades laborales ha forzado a cientos de jóvenes a abandonar sus pueblos natales para establecerse en áreas con una mayor actividad económica, generando una imagen de soledad y abandono en las comunidades que aún residen en nuestros pueblos y aumentando la demanda de viviendas en las capitales de provincia.

En este sentido, el programa 'Rural Life 5x1000', coordinado por el Instituto Canario de la Vivienda, combatirá el despoblamiento rural y facilitará que los jóvenes puedan acceder a viviendas dignas, contribuyendo así al Reto Demográfico.

El Gobierno de Canarias está implementando una serie de medidas ambiciosas para afrontar la crisis habitacional en las islas. Estas medidas se enmarcan en los ejes de promoción de la vivienda pública, facilitación del acceso a la vivienda privada y lucha contra la especulación inmobiliaria.

Hay que apostar por alternativas que nos permitan resultados más rápidos y ágiles, porque no nos podemos permitir quedarnos de brazos cruzados mientras licitamos la redacción de proyectos y las obras de construcción, que no se sacan adelante de hoy para mañana.

Estamos convencidos de que estas acciones son imprescindibles para garantizar el derecho a la vivienda de todos los canarios y canarias. Estamos trabajando con firmeza para que, en los próximos años, todas las familias canarias puedan acceder a una vivienda digna.