Las circunstancias extraordinarias e imprevisibles que se vienen sucediendo (pandemia, invasión de Ucrania, crisis arancelaria...) demandan respuestas sociales inevitables, que necesitan ser lideradas y gobernadas ... para tratar de alcanzar soluciones (o paliar las consecuencias), más allá de la receta insolidaria clásica del 'sálvese el que pueda'.
Para los europeístas (entre los que me encuentro), la mejor solución posible pasa por una respuesta de la Unión, que ya mostró su capacidad y utilidad para afrontar la pandemia, que está en 'plena faena' de abordar la respuesta a la invasión rusa de Ucrania y que sin entender ni digerir todavía el cambio sustancial de la Administración norteamericana, está tratando de responder a la nueva 'catástrofe comercial global'.
Frente a estas circunstancias, la cuestión intrínseca a la que hay que responder, en cada caso y en todos es: ¿qué hay que defender y como se ha de hacer?, la respuesta a la primera cuestión (en su forma más elemental y simplificada) se deriva e impone de la propia realidad: la salud (en la pandemia), la seguridad (frente a la guerra) y la economía (tras al caos comercial global).
Después de esta primera respuesta, es elemental y simple que en la segunda (establecer el cómo), aparecen dificultades que se derivan de la necesidad de definir lo mejor posible los elementos y aspectos específicos a resolver, en cuya identificación toman parte importante las posiciones y circunstancias de los responsables en todos los niveles de la toma de decisiones, además de la propia arquitectura institucional de la Unión Europea, que no está diseñada específicamente, ni siquiera genéricamente, para resolver las crisis sucesivas de las características que se están produciendo.
Con la pandemia se demostró que la Unión Europea fue capaz de responder con medidas eficaces y solidarias, generando un mecanismo de solvencia concertado que permitió planificar y arrancar la movilización de una cantidad de recursos, impensables para ninguna finalidad hasta antes de la crisis.
La necesidad de que la estrategia decidida y sus medidas, se pusieran en marcha de forma inmediata mostró desde el primer momento que, para el desarrollo con la agilidad que el problema requería, existían dificultades, barreras e inercias que se oponían a cualquier intento de eficacia y rapidez, tanto en el contexto de la Unión como de los Estados miembros.
La Comisión, como aparato gestor de la Unión Europea, tropezó con esta realidad desde el principio y ha tratado (con éxito relativo), resolver dificultades que se derivan de su propia funcionalidad, así como de impulsar iniciativas semejantes en los Estados miembros, pero no se puede decir que, con carácter general, hayan tenido mejores resultados tratando de simplificar y acelerar sus propios procedimientos.
Este contexto es perfecto para hacer aflorar la 'contradicción' definida en términos sencillos: «la Comisión no puede ser ágil y eficiente porque su propia regulación lo impide» haciendo o tratando de hacer creer-crecer la idea directa, de que sí se elimina la regulación se resuelve el problema general (compuesto de un sinfín de problemas concretos). La facilidad y simpleza de esta solución son un espacio conceptual para concitar las mayores coincidencias.
Este planteamiento trata de identificar como la 'misma cosa' la re gulación con la burocracia (que es la verdadera contradicción) y es cierto que la burocracia se puede tratar de justificar como consecuencia de la complejidad o dificultad derivada de las propias regulaciones, pero también es cierto que, aunque muchas veces lo parezca no es ni tiene que serlo, es más, el objetivo permanente irrenunciable de las administraciones responsables debe ser el proceso continuo de simplificación
Es muy fácil encontrar ejemplos de contradicciones y situaciones (algunas ridículas) de las regulaciones europeas, y es más si se quiere encontrar la multitud de cómo las administraciones de los Estados miembros rentabilizan como resultados propios todas las ventajas y éxitos de las políticas europeas y sus regulaciones y también de cómo se culpabiliza a la Unión y a su Comisión de muchos de los problemas derivados de su falta de capacidad o voluntad de desarrollarlas.
En reflexiones de esta página se señaló, que para poder gastar adecuada y suficientemente los recursos y conseguir los fines del septenio presupuestario ordinario y del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), resultaba necesario gestionar a un ritmo aproximado siete veces mayor de lo que se venía haciendo con los fondos de los programas europeos anteriores en España, para lo cual era imprescindible introducir medidas de corrección en los procedimientos de gestión al uso, no se hizo, y en consecuencia las voces sobre la dificultad para la obtención y gestión de estos fondos se vienen sucediendo, a la vez que se va confirmando (de momento cualitativamente), la falta de ejecución y el peligro de tener que devolver los fondos al final de los dos periodos de ejecución.
Para las dos crisis conocidas y muy probablemente para la que está comenzando a ocurrir en estos momentos, está identificado que la mayor autonomía energética es una pieza y herramienta clave para conseguirlo (existen multitud de documentos que lo argumentan de forma exhaustiva, así como casos y ejemplos que lo demuestran). Las energías renovables son la pieza central para conseguirlo, con la mejor combinación posible de las distintas tecnologías adaptadas a las condiciones y lugares adecuados.
El principal problema para el desarrollo de estas soluciones se deriva de la tramitación administrativa, tanto en los aspectos propios de la regulación energética, como de los derivados de los procedimientos ambientales, por lo que la Comisión en su ámbito competencial viene dictando regulaciones específicas para mejorar la situación, a la cual los Estados miembros deben contribuir haciendo para la misma finalidad lo que les corresponda en cada caso, ya que es la totalidad regulatoria del conjunto de las administraciones competentes, lo que debe hacer posible la consecución del objetivo.
Usando como ejemplo el desarrollo de la eólica marina flotante en España, que en un territorio como Canarias está llamada a ser una pieza clave para la autonomía energética, el crecimiento económico, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero GEI y la sostenibilidad general, siendo por tanto un elemento necesario y una contribución de importancia a poder alcanzar al menos una parte sustancial de los objetivos planteados para paliar las consecuencias de las crisis, en diciembre de 2021 el Miteco, tras un importante y largo proceso de reflexión y análisis aprobó y publicó la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar que es una estrategia solida coherente que hace inentendible que hayan pasado mas de tres años (y aun no tenga fecha) la publicación del proceso de competencia competitiva que haga posible iniciar el proceso de desarrollo real, se puede decir con certeza:
Que no hay ninguna razón regulatoria europea, ni siquiera nacional, para que estas capacidades no se estén desarrollando adecuadamente más allá del proceso burocrático al uso, señalando una vez más, donde está el problema y la verdadera contradicción, por tanto, el objetivo central debe ponerse en la desburocratización y no en la desregulación.
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