Lo legal y lo decente
Esta semana la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales hizo público su análisis sobre la implantación del ingreso mínimo vital (IMV). ... En España solo el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia. En Canarias la cifra es aún peor, solo llega al 12,3% de la población en situación de pobreza. La asociación también advirtió de un detalle no menor. En 2022 el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, dejó sin ejecutar 453 millones de euros del presupuesto con el que contaba el IMV. El dinero volvió al Estado en forma de «remanentes».
Hay más ejemplos. El famoso IBI social en Las Palmas de Gran Canaria en 2016 contaba con 1,7 millones, pero sobraron 1,2 millones. Con este dinero, que engrosó los «remanentes», se pagó, entre otros actos de ocio, un concierto de Ricky Martin.
La práctica es tan común en todas las administraciones, desde la estatal a la local, que podría hablarse de una caja B, la caja de los «remanentes», y de un engaño en toda regla a la ciudadanía.
Resulta llamativo, también, que normalmente el dinero de los «remanentes» siempre acabe en la agenda cultural. Nunca hay remanentes para ampliar plazas de policía local, de agentes de bomberos o de centros ocupacionales. Nunca hay remanentes para tapar los baches, para hacer un parque o arreglar los accesos a los riscos. La caja B siempre es a mayor gloria de quien gobierna. Porque, como bien ha dicho Pedro Sánchez sobre otro asunto, pero, obviamente, no de este: «Hay cosas que pueden ser legales, pero no son decentes».
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