Ocho años de IBI social: 7 millones reservados y solo 281.000 euros gastados
El Ayuntamiento aún tiene que pagar a 1.470 ciudadanos por la solicitud de ayuda que presentaron en el año 2016
Ocho años después, la ayuda para rebajar la presión del catastro en el bolsillo de los ciudadanos presenta este balance: en todo ese tiempo, los presupuestos han reservado 6,96 millones, de los que solo se han pagado 280.351 euros. Y todavía quedan 1.470 residentes que siguen esperando por la solicitud que presentaron en 2016. A este último grupo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le debe 102.952 euros.
El director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, compareció este miércoles en la comisión de Políticas de Igualdad, a petición del Partido Popular, para ofrecer los datos de la «ayudas sociales dirigidas a personas y unidades de convivencia de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con escasos recursos económicos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual». Tras este abigarrado título se oculta lo que política y mediáticamente fue bautizado como el IBI social, una línea estratégica de subvenciones destinas a «paliar el gasto que supone el pago del IBI –el Impuesto de Bienes Inmuebles o catastro- a personas con escasos recursos económicos».
En 2016 nace esta línea de ayudas, que impulsaban una rebajaba del importe del recibo del catastro entre 50 euros y la bonificación total, en función de las circunstancias del solicitante.
De las bases a la ordenanza
En septiembre de aquel año se publican las bases de su concesión con la previsión de que llegara a 25.000 personas. Sin embargo, ese año solo se registran 6.733 solicitudes, de las que se aprobaron 5.145, con un importe de 383.303 euros. Había consignado 1,7 millones de euros. De aquel grupo siguen sin cobrar 1.470 solicitantes. Entre noviembre de 2022 y abril de 2023 solo han ingresado la ayuda de 2016 a 39 personas.
Para dar carácter de permanencia al IBI social, en 2017 se aprueba una ordenanza en cuya exposición de motivos se justifica su existencia en el marco del Plan de Rescate Social y contra la Pobreza del Ayuntamiento. Por entonces, la tasa relativa de pobreza en la ciudad era de un 23% y un 7% de la población se encontraba en situación de pobreza severa grave.
La intención era conseguir aumentar el número de beneficiarios. ¿Qué se valoraba? Tres aspectos: el número de miembros de la familia, sus ingresos brutos anuales y el valor catastral de las viviendas. En la ordenanza se duplicaba el importe máximo permitido por las bases de 2016 para «ampliar el abanico de posibles beneficiariosso y, al mismo tiempo, ajustar el importe de las subvenciones a las circunstancias de las familias solicitantes».
Por eso, en 2017 se mantuvo en el presupuesto de ese año otros 1,7 millones de euros para esta iniciativa. Ese año un total de 2.738 ciudadanos presentaron su solicitud, pero la norma falló y no solo no se pudo pagar ninguna, sino que tampoco fueron resueltas.
Desde entonces, el grupo de gobierno se ha empeñado en reflotar la iniciativa sin explicar claramente las razones por las que la norma no avanza, cuando otras ciudades, como Málaga, acumulan una experiencia de más de dos décadas en su aplicación.
El concierto de Ricky Martin
No ha habido una renuncia a esta ayuda, pero el presupuesto inicial destinada a ella sí ha ido menguando: de los 1,7 millones de euros de 2016 y 2017, se pasó a 1,06 millones de euros en 2018; y a los 500.000 euros con los que sobrevive en el plan de subvenciones desde 2019 hasta el presente.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha vuelto a abrir la línea de ayudas desde 2018, con lo que ese dinero acaba engrosando los remanentes que el municipio tiene en los bancos, o bien son utilizados para otros fines, no siempre para los sectores más necesitados.
Esto pasó en el año 2016: de los 1,7 millones de euros que había en la partida para el IBI social, un total de 1,2 millones de euros que no se emplearon acabaron pagando conciertos como el de Ricky Martin y otros actos culturales.
El concejal del PP Víctor Moreno aseguró que la gestión de esta ayuda había sido «una tomadura de pelo». Y la edila no adscrita Beatriz Correas preguntó por las causas de que la norma no haya salido adelante.
Al respecto, Carlos Gómez indicó que se están explorando otras vías para poder ofertar el IBI social y que se trata de pagar lo antes posible las solicitudes aprobadas correspondientes a la convocatoria de 2016.
