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El precio del kilo de plátanos. Las mejores preguntas son las que no están en el guion. Por ejemplo, cuando, tras más de media ... hora hablando sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, las relaciones entre el Partido Popular y Coalición Canaria y la diversificación de la economía, aparece alguien y pregunta abiertamente al presidente de Canarias si sabe a cuánto está el kilo de plátano.
Fue Luisa del Rosario, compañera de esta casa, quien pilló por sorpresa al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con ese interrogante en el transcurso de la entrevista celebrada el pasado jueves y publicada este domingo. Tras unos pocos segundos de titubeo, el presidente tiró de memoria para contestar y luego ya entró en una defensa del sector platanero pese a la controversia -absolutamente comprensible- en torno al volumen de ayudas públicas que reciben los productores y el precio que debe pagar el consumidor local.
El desacuerdo con los menores migrantes no acompañados. Con Ángel Víctor Torres recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado sábado en Gran Canaria en el marco de su lucha contra el cáncer, este lunes le toca la ministra Sira Rego lidiar con las autonomías en el marco de la Sectorial de Infancia, que debe evaluar cómo se hará realidad el decreto para la distribución de los menores migrantes no acompañados habida cuenta que Canarias y Ceuta tienen más que superada su capacidad de acogida.
Es evidente que no habrá acuerdo unánime y no descartemos un plantón de los gobiernos liderados por el Partido Popular, con el auxilio también de Castilla-La Mancha. Pero los números son los que son y es evidente quiénes, teniendo más recursos que el archipiélago, llevan años mirando para otro lado ante el fenómeno migratorio. Así las cosas, habrá que ver si al Estado no le tiembla el pulso a la hora de garantizar el cumplimiento del decreto.
Todo ello, eso sí, con un ojo pendiente de lo que diga el Constitucional ante los recursos presentados. Y, en paralelo, hay que exigir también firmeza al Gobierno central para cumplir con la resolución del Tribunal Supremo en relación con los menores en situación de protección internacional, porque tampoco es de recibo que todo un Estado diga que no tiene capacidad para dar la debida protección a un millar de niños y niñas.
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