Entrevista a Fernando Clavijo Batlle, presidente de Canarias

«La ley de vivienda estatal ha hecho que el propietario tenga miedo a alquilar»

A un mes de cumplirse dos años de las elecciones que derivaron en su segunda investidura como presidente, Fernando Clavijo (La Laguna, 1971) contestó durante hora y media el pasado jueves a las preguntas de seis periodistas de CANARIAS7 en un encuentro en la sede de este medio.

-¿De verdad el pacto de gobierno regional con el PP no ha corrido peligro durante la negociación con Madrid para sacar adelante el acuerdo sobre los menores migrantes no acompañados? ¿El PSOE le planteó en algún momento la conveniencia de echar al PP para que el acuerdo saliese más rápido?

-La lealtad del PP canario a las tesis que ha mantenido el Gobierno canario en este asunto siempre ha sido absoluta, por tanto el pacto en Canarias nunca ha corrido peligro porque en esto hemos estado todos unidos. Y todos es el PP y CC, que estamos en el Gobierno con ASG y AHI, pero también la oposición, salvo Vox. Y sí es cierto que el PSOE, en algunas conversaciones, nos ha trasladado que ellos apoyarían un Gobierno en minoría si se rompiese el pacto, pero eso no está ahora mismo en el horizonte, porque se necesita estabilidad, un Gobierno que tome decisiones, con una sólida mayoría parlamentaria, para hacer cosas que cambien la vida de los canarios. Las sociedades prosperan en épocas de estabilidad, tranquilidad y sosiego.

-¿Nunca se planteó usted que las cosas en materia migratoria habrían sido más fáciles con Madrid si aquí usted gobernase con otro pacto?

-No me he replanteado nunca el pacto. Creo que el que se suscribió es el que Canarias necesita. Las cosas van razonablemente estables y bien.

-¿Cree que los niños van a salir finalmente hacia otras comunidades o teme que los recursos ante el Constitucional lo vayan a frenar? ¿Y cómo valora la respuesta de Madrid en el caso de los menores que han pedido asilo?

-Se está demostrando que en Madrid daba igual y ahora ya se les han acabado las excusas a unos y a otros. El PP, en su batalla y en sus miedos con Vox, ha tenido una posición respecto a los menores bastante poco coherente y solidaria con Canarias, pero es que al PSOE también se le han acabado las excusas: ya está el decreto y los niños siguen aquí. Y no es de recibo que todo un Ministerio de Migraciones le diga al Supremo que su red de acogida esta saturada, porque ¿y Canarias? Aquí no teníamos red, la tuvimos que crear por vía de emergencia: llegaban los niños al muelle y nos teníamos que hacer cargo de ellos.

-En esa negociación para llegar al decreto ya convalidado, ¿ha ayudado en algo o no el hecho de que participase un ministro canario, que además fue presidente del archipiélago?

-Sin duda, ha ayudado mucho la interlocución de Ángel Víctor, pero no porque haya sido ministro canario, sino porque anteriormente fue presidente. Entonces ha visto el problema y es conocedor de ello. Tenemos la experiencia de otros ministros canarios que mejor no hubiesen estado [risas] y perdonen la sinceridad.

-Teniendo en cuenta los discursos imperantes en Estados Unidos y en varios países europeos, como Italia, respecto a la inmigración y también algunas medidas adoptadas, ¿cree que llegaremos a ver en España a la Armada vigilando el mar para devolver a cayucos y pateras a los lugares de partida?

-No, porque en esto están las aguas españolas y las internacionales. Para poder hacer eso, habría que desplegar el Frontex, para hacerlo en las aguas de esos países de salida. Si quieres devolver un cayuco, hay que detectar en las aguas de Mauritania y por eso se pide el despliegue de Frontex, que se basa en acuerdos de la UE con países del África Occidental para labores de patrulla conjunta en esas aguas. En España, se puede sacar a la Armada pero cuando detecte un cayuco, de acuerdo con las leyes internacionales, lo tiene que traer a puerto a España. Plantear eso es demagogia o populismo.

-¿Tenemos que hacernos a la idea de que el fenómeno migratorio va a continuar?

-Hay que gestionarlo. Eso requiere una política de cooperación y desarrollo; también establecer unas rutas más o menos estables porque los necesitamos; y combatir a las mafias.

-Al fin y al cabo estamos hablando de pobreza, pero a la sociedad canaria, donde también hay pobreza, se le está lanzando el mensaje de 'vienen unos pobres y nos quitan lo nuestro'. ¿Cómo combatimos eso?

-Hay que tener en cuenta que esos países están mandado lo mejor que tienen, porque a las pateras y cayucos se suben los más preparados, que vienen a buscar recursos para enviarlos de vuelto. Ellos también se descapitalizan. Vienen con muchas ganas de trabajar, incluso a coger trabajos que los canarios no queremos, y tenemos un sistema de pensiones que no es sostenible con la gente que tenemos ahora mismo trabajando.

-¿Pero entonces en Canarias no sobra nadie?

-No es eso. Hay que distinguir entre los inmigrantes adultos y los menores, porque han llegado unos cien mil pero no se quedan todos, y menores hay unos 5.500. ¿Cuántos de esos menores se van a quedar? Bueno, cuando uno habla con el sector empresarial, están teniendo problemas para encontrar mano de obra. Ahora bien, ¿somos capaces en Canarias de crecer a razón de 20.000 personas al año? Lo que tenemos que plantearnos es si la inmigración que llega por nuestros puertos y aeropuertos es sostenible. No estigmaticemos al que es de color y llega en patera o cayuco, porque se queda un porcentaje muy pequeño. Pensemos en los que llegan a Sudamérica o de la propia Europa.

-¿No es contradictorio reconocer que falta mano de obra y que la inmigración irregular puede ayudar a resolverlo y por otro lado pedirle a Europa que nos permita limitar la residencia de migrantes o la compra de viviendas? ¿Es un problema de limitar la población o de garantizar una mejor gestión de los recursos, porque solo el Gobierno canario tiene un presupuesto anual de nada menos que 11.000 millones de euros?

-La situación poblacional es, de entrada, muy diferente por islas pero si miramos tanto en porcentaje como en números reales y en densidad, el crecimiento es muy importante. Tenemos, por tanto, criterios no para prohibir la condición de residente, sino para regulara, que son cuestiones distintas. No prohibimos que vengan, sino que si usted quiere venir a residir, queremos aplicar criterios, como en otros lugares de Europa. Eso lo tenemos estudiado y no es contradictorio. Si lo enlazamos con el turismo, vemos que tenemos al año unos 18 millones de turistas, pero a lo mejor lo que interesa ya no es crecer por crecer, sino buscar la misma o mayor rentabilidad con los hoteles al 70%, en lugar de al 90%. Ahí es donde, poco a poco, tenemos que ir buscando soluciones y todos juntos, porque esto no lo resuelve el Gobierno en una sola legislatura.

-En esta legislatura está claro que una prioridad es resolver el asunto migratorio y ahora parece que también lo va a ser la ley de residencia. ¿Pero para cuándo será una prioridad resolver el tema de la pobreza?

-La pobreza solo se arregla mejorando la distribución de la renta y eso solo se consigue a través de los salarios. Es un mensaje que este Gobierno lanzó hace dos años, y lo hice personalmente en Fitur, donde dije que era hora de transferir parte de la riqueza a los trabajadores del turismo. Porque está la pobreza severa y están las miles de personas en riesgo de exclusión social, y esto último solo se combate subiendo los salarios a la gente que tiene problemas para llegar a final de mes. En el caso del sector privado, donde el turismo es el motor económico, tengo que reconocer que la patronal escuchó a los sindicatos, a la sociedad y también al Gobierno, y en la provincia de Las Palmas se ha hecho un esfuerzo potente. En la otra provincia hubo una oferta de subida al 6%, con un preacuerdo, y las asambleas lo rechazaron por poco, quizás porque la asamblea llegó tarde y ya estaba muy enconado el enfrentamiento.

-¿Por qué no quieren un convenio regional, cuando se trata de hacer el mismo trabajo?

-Porque no es el mismo trabajo. Habrá que ver si se cobra más en una provincia o en otra. El ejemplo más evidente es que una camarera de piso en un hotel de tres estrellas cobra menos que una en un hotel de cinco estrellas, y es el mismo trabajo. Luego, no se puede simplificar el discurso.

-¿Pero es usted favorable a un convenio regional, porque tampoco se entiende que un trabajador de una cadena cobre una cantidad en una provincia y si está empleado por esa misma cadena en la otra provincia cobre un sueldo diferente?

-El Gobierno es favorable a mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Creo que hay margen y lo hemos dicho. Los empresarios han movido ficha, sobre todo en Las Palmas, y hay que esperar al resto. Lo que quiere el Gobierno es que, sea provincial o regional, sea el mejor convenio posible.

-En materia de alquiler vacacional y la futura ley, el sector que representa esa movilidad parece que prefiere hablar con usted y no con la consejera.

-No creo que sea así, sobre todo porque la consejera defiende la posición de todo el Gobierno e íntegramente de los grupos parlamentarios. La consejera ha sido valiente con una ley que es compleja y que se ha ido modulando y mejorando con la participación de todos, incluido la Fecam, la Fecai y los grupos políticos. Es una actividad que el mercado demanda y que Canarias ofrece, pero lo que no puede ser es que genere una distorsión, porque no hay viviendas para que puedan habitarlas incluso los trabajadores de los propios hoteles. La postura que mantiene Jéssica [de León], que es la consejera, es la del Gobierno en su integridad. Algunos a lo mejor quieren meter cuña pero no lo conseguirán.

-Volviendo a la cuestión de la lucha contra la pobreza, además de confiar en una mejor salarial, ¿no se plantea subir impuestos para disponer de más recursos para su distribución y una mejora en los servicios sociales?

-Vamos mejorando en los servicios sociales, pero ¿qué impuestos podemos subir? Nosotros podemos subir el tramo autonómico del IRPF y el IGIC, que es un impuesto indirecto. Si vamos a lo que se ha hablado, una subida del IGIC a la actividad turística, tiene dos problemas: hay que subirlo a todos, incluidos los canarios, pero no es la prioridad subir impuestos a los canarios, y en cuanto al tramo autonómico, la capacidad de recaudación es muy limitada.

-¿Y quitar el Aiem?

-Pero entonces, ¿qué hacemos con el sector industrial? ¿Lo desprotegemos? ¿Que hay que revisarlo? Sin duda, porque puede que se esté cobrando por algunos productos en los que no hay industria, como pasa con los hidrocarburos, pero no vamos a renunciar a la actividad de las vidrieras, fabricar aluminio, o a las industrias cárnicas.

-¿Pero es que el consumidor se puede sentir desprotegido?

-Si no hay empleo, sí que hay desprotección. Quien sube la media de los salarios es el sector industrial.

-Hablemos de Sanidad. ¿Canarias es la tercera comunidad que más invierte en los conciertos con el sector privado?

-Pero ¿porcentualmente o cuantitativamente?

-Porcentualmente. Unos 300 millones este año. El alivio de la lista de espera quirúrgica es en gran parte por esa apuesta. ¿Van a concertar también las consultas de especialistas?

-Los últimos datos que tenemos es que ya estamos por debajo de la media de España.

-En la espera quirúrgica, sí.

-El esfuerzo que se ha hecho por los trabajadores públicos y de la Consejería se está notando. El problema con las consultas es doble: el primero es la ausencia de especialistas y hemos tenido una gestión que en muchas ocasiones hace duplicidad de pruebas porque no tenemos historial único. Por eso hemos apostado por el historial único, lo que aliviará la carga, y también vamos a usar el servicio 012 para confirmar las citas, porque hay mucha gente que tiene cita y no va, y eso produce que tengamos a especialistas ociosos mucho tiempo. Y también digo: si es necesario acudir a la concertación, también lo haremos, porque cuando pones al paciente en el centro del sistema, lo que quiero es que pueda elegir.

-¿Cuándo se colocará al paciente en el centro en las urgencias hospitalarias, que están colapsadas por sistema en algunos centros públicos?

-En esto hay algunas variables que influyen. Desgraciadamente hay picos asistenciales, como el de la gripe, y hay momentos donde la propia estructura hospitalaria y hasta la arquitectura de los centros influye. Estamos haciendo los cambios organizativos para revertir una situación que históricamente ha sido así. El anterior Gobierno tuvo las urgencias saturadas, y el anterior, que estaba yo, también, y el otro... Lo que estamos intentando es liberar camas de quienes tienen alta hospitalaria, porque eso influye. Ahora mismo hay controversia respecto a las urgencias porque estamos haciendo cambios y siempre que hay cambios, hay personas que se resisten, pero lo que no queríamos es dejarlo como estaba. Ya veremos si esos cambios funcionan, pero no nos va a temblar la mano para hacerlos.

-¿Sabe a cuánto está el kilo de plátano?

-Depende... [risas]

-La gente está enfadada por el precio y parece que todo son facilidades para Asprocan.

-A 3,29 euros el último precio.

-Pero es que se le permite al sector que tire parte de la producción para mantener el precio y el ciudadano está enfadado por el coste para su bolsillo.

-3,29 era el último en la calidad superior pero hay veces en que lo encuentras a 1,08. Seamos conscientes que no se le pone fácil al sector pero tampoco es cierto que todo el sector esté en manos de grandes empresas, porque hay pequeños productores y está muy atomizado el sector, y esos son los que se benefician del modelo de producción y de ayudas.

-En cuanto a la vivienda, la alcaldesa de la capital grancanaria se queja de que el Gobierno no da respuesta a la solicitud de declaración de zona tensionada. ¿Qué soluciones hay para el problema de la vivienda?

-El procedimiento para declarar una zona tensionada es un procedimiento administrativo en el que hay que acreditar que se ha hecho un estudio de mercado y justificar la propuesta. He hablado de este asunto con el consejero y lo que me traslada es que el expediente no está completo y se le trasladará al Ayuntamiento. No creemos que esa declaración sea la solución porque allí donde se ha aplicado, lo que ha pasado es que la gente se retrae y deja de poner vivienda alquiler. En el tema de la vivienda, atacamos un problema complejo desde cuatro frentes: primero, más vivienda pública, para que una persona o una familia no tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a tener una casa; por otro lado está el alquiler sostenible, y para eso estamos comprando promociones inacabadas, se entregan a Visocan y esta las entrega con ese alquiler sostenible; además, se hizo un primer decreto para facilitar la disposición de suelo y la otra pata la aprobamos en el Consejo de Gobierno de esta semana para agilizar los procedimientos para conseguir una licencia, porque se está tardando hasta dos años para conseguirla, y ahora pasaría a una media de seis meses. Nos quedaba la pata de la financiación, tanto del promotor como del ciudadano que quiere acceder a la vivienda, y ahí vamos a meter la Reserva de Inversiones para Canarias. Lo que estamos es tirando de la oferta para bajar el precio. Con la gente joven, estamos firmando convenio con las entidades financieras para volver a las condiciones de la 'hipoteca joven'.

-¿La ley de vivienda estatal no vale para todo esto?

-Este asunto lo hablé con Pedro Sánchez. La ley de vivienda estatal ha hecho es que el propietario tenga miedo para alquilar y por eso se ha ido a productos como el alquiler vacacional o el alquiler de temporada, porque hay un desequilibrio entre el propietario y el inquilino. Le dije claramente: 'presidente, hay que retocar la ley de vivienda'.

-¿El decreto de dependencia busca externalizar la gestión con el argumento de que la prioridad es desatascar los expedientes?

-No. Básicamente el gran salto es que había que aprobar el grado y después un plan de intervención personalizado. Estamos buscando hacerlo en el mismo tiempo. ¿Por qué una vez aprobado el grado hay que ir a otra visita del trabajador social? Con ese decreto, como con otros, estamos intentando lo que prometimos, y que siempre cuesta mucho: quitar carga burocrática a los procedimientos. Esto lo hacen los trabajadores públicos pero si también pueden ayudar los colegios profesionales, pues bienvenido sea. ¡Es que estábamos en 500 días para reconocer una dependencia!

-En el debate de la nacionalidad soliviantó usted al sector educativo al decir que no se veía obligado a llegar al 5% del PIB en educación.

-No fue así.

-Dijo que no era una obligación, sino una recomendación a la que se tenía que haber llegado en 2022 y estamos en 2025. Estamos al 4,03% ahora. ¿De verdad no se siente obligado?

-Vamos a ver... Me encantaría llegar al 10%. La ley no dice que sea una imposición taxativa. Lo que traté de decir que toda la inversión que podamos hacer en educación, bienvenida sea, porque es la mejor inversión de cara al futuro. Pero tratar de desprestigiar todo un presupuesto porque porcentualmente ha disminuido con el PIB, cuando sabemos que el PIB ha crecido artificialmente con la inflación, es demagogia. Si buscamos las cantidades, podemos ver que el dato objetivo es que el Gobierno que más presupuesto ha puesto en Educación es este. Medirlo en función del PIB para mí no es una medida racional; si quiere, dividámoslo incluso por número de alumnos y veremos cómo el ratio de inversión pública por alumno es más alto hoy.

-También en materia educativa: ¿de verdad hay sitio en Canarias para tanta universidad privada, porque es el Consejo de Gobierno quien envía su aprobación al Parlamento y da el visto bueno a las titulaciones, sobre todo teniendo en cuenta que las universidades públicas también tocan en la puerta del Gobierno?

-Las universidades privadas no nos cuentan un euro. ¿A mí que me interesa? Que los chicos y las chicas puedan estudiar, el que quiera y pueda, que lo haga en la privada y también está la publica. ¿Pero por qué para estudiar Medicina se pide un 13 y pico y estudiantes excelentes, con expedientes excelentes, no pueden estudiar Medicina porque no hay plazas y si una universidad privada quiere instalarse y ofrecer Medicina le vamos a decir que no? Estamos hablando de que queremos invertir en educación, pero algunos nos dicen que solo para la pública, pero esos mismos después les preguntas a dónde van sus hijos a estudiar y... ¿saben a dónde van? El discurso de algunos es 'la pública para los pobres, pero para los míos la privada'. ¡No hombre, no! Hay que ser honestos. Si la privada no es rentable, pues ya cerrará.

-Eso tiene el riesgo de bajar la calidad a la hora de conseguir un título.

-¿Por qué? Entonces que las administraciones no lo estamos haciendo bien. Entonces hay que decirle al Ministerio que controle, que inspeccione, y si el título se devalúa, la gente no irá a esas universidades. Esto no es lo público contra lo privado, sino lo público y lo privado.

-Pero entonces, ¿no hay que poner coto a las universidades privadas?

-Hay que regular y todo eso lleva un expediente. Y se requiere una cantidad de alumnos, esto no es abrir por abrir. Está todo muy reglado.

-¿Y la financiación de las universidades públicas?

-Están mejor financiadas que nunca. Tanto es así que este Gobierno se comprometió en crear una consejería específica. Lo pidieron los rectores y lo hemos hecho. Con los rectores de las públicas la relación es excelente: yo siempre les he dicho 'ustedes son soberanos y son muy celosos de la autonomía de la universidad' y yo también soy muy celoso del dinero público de todos los canarios que les damos. ¿Recursos económicos?, sin ninguna duda, pero con objetivos. Y nos estamos entendiendo. El programa-marco lo tendremos antes de que se acabe la legislatura.

• Temas
• Impuestos
• Universidades
• Urgencias
• Madrid (ciudad)
• Estados Unidos
• San Cristóbal de la Laguna
• España
• europa
• Mauritania
• Italia
• Menores
• Alquiler
• Canarias7
• Partido Popular (PP)
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
• Coalicion Canaria
• Pedro Sánchez
• Ángel Víctor Torres