Del director

El acierto del decreto

Pero este verano no es el mismo que el del año pasado. Para empezar, porque el presidente ha llegado a las vacaciones notablemente desgastado -incluso físicamente se le ve desmejorado- por los casos de presunta corrupción que lo atenazan en lo más personal y también como líder federal de los socialistas y presidente del Gobierno. En ese sentido, este mismo lunes se conoció nada menos que la quinta imputación a su esposa Begoña Gómez, que en septiembre volverá al banquillo de los investigados a declarar ante el juez Peinado.

A todo eso hay que añadir que Sánchez gobierna un país que ahora mismo es un incendio de norte a sur. La gestión de la lucha contra el fuego pone en evidencia algo que ya se vivió en Valencia con la dana: la urgencia de revisar los protocolos de actuación para garantizar una respuesta certera y ágil, además de la importancia de contar siempre con la máxima lealtad y colaboración entre instituciones.

Con todo eso flotando en el ambiente, esperar mucho de la cita de Lanzarote era hacerse trampas al solitario. Pero llegó el presidente Clavijo y sorprendió a Sánchez y a todos con la propuesta de un decreto ley específico para Canarias. Se comprometió, además, a emplearse a fondo para conseguir los votos para su convalidación en el Congreso, algo que suena posible, pues se trataría en gran medida de actuaciones que el Partido Popular ya bendijo cuando el fallido intento de investidura de Núñez Feijóo y que conforman eso que se conoce como la 'agenda canaria'. Al tratarse de un decreto específico para las islas, se evitaría el riesgo de lo que sucedió con el que incluía las medidas contra los apagones, que era una especie de cajón de sastre en el que había de todo un poco y por eso mismo el PP no lo respaldó.

Según explicaron Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres, el presidente Sánchez tomó nota de todo, no dijo que no pero tampoco dijo que sí... Muy característico del inquilino de la Moncloa pero ahora ya se queda sin excusas: Clavijo ha puesto en el tejado del Gobierno central una fórmula legislativa que conviene a Canarias. Y todo ello, además, con un coste económico que es asumible para el Estado y que no quiebra la cohesión territorial.