Educación, tiempo de rebajas

Mucha gente de diversos territorios insulares, especialmente integrantes de las ampas y de colectivos docentes, pero no solo, se esforzó para sacar adelante la Ley Canaria de Educación (LCE) no universitaria, que fue aprobada en el año 2014 en nuestro Parlamento. Primero elaborando un texto inicial y dándolo a conocer públicamente. A continuación recogiendo miles de firmas de apoyo. Convenciendo de la necesidad de contar en nuestra tierra con un marco legislativo propio para ayudar a superar nuestros déficits educativos y afrontar de forma esperanzada el futuro de nuestros chicos y chicas.

Hubo momentos de profundo desánimo en el que daba la impresión de que no saldría adelante la propuesta, en que os obstáculos eran insalvables. Como cuando el Gobierno anunció que ni siquiera iba a aceptar que se admitiera a trámite, al considerar que suponía incrementos presupuestarios inadmisibles en medio de la crisis económica. Pero el empeño de algunas personas, dentro y fuera de la Cámara, logró doblegar esa inicial oposición y la LCE pudo al fin debatirse, enriquecerse con la aportación de algunos y, sobre todo, algunas parlamentarias, y ser finalmente aprobada con el voto favorable de la mayoría de los grupos.

Por diversas razones estuve en el Parlamento en la defensa de la iniciativa por parte de una integrante de la Comisión que impulsó la Ley de Iniciativa Popular. Y compartí esa jornada con sus promotores la alegría de un trabajo bien sustentado, correctamente argumentado y que no pretendía otra cosa que contribuir a mejorar uno de los pilares de un estado social, la educación, en la que Canarias precisa progresar adecuadamente.

También sufrí, no lo voy a ocultar, la desazón por el silencio de buena parte de los promotores de la iniciativa tras aprobarse la misma. Como si la cosa no fuera con ellos, como si lo conseguido fuera intrascendente y no mereciera el menor reconocimiento de sus propios impulsores. Minimizando, además, los compromisos económicos que suponía, asunto en el que creo han rectificado.

E incluso el asombro al escuchar de alguna aspirante a formar parte del Parlamento en la campaña electoral de las autonómicas de mayo de 2015 asegurar que la ley «se había quedado obsoleta», solo un año después de su aprobación. Debe tratarse de un novedoso caso legislativo de obsolescencia programada.

Éxito.Considero que fue un auténtico éxito la aprobación de la Ley Canaria de Educación, un instrumento legislativo propio de nuestra Comunidad, que pretende ofrecer adecuadas respuestas a nuestras necesidades más acuciantes en materia educativa. Y que nació, lo que me parece muy relevante, muy valioso, fruto de una iniciativa legislativa popular, tras recoger más de 36.000 firmas. Y reitero mi reconocimiento a las mujeres y hombres que la hicieron posible.

La Ley Canaria de Educación incorpora en su articulado una serie de compromisos para la mejora de nuestro sistema educativo no universitario. Con propuestas dirigidas a ganar en equidad, a atender al alumnado con necesidades educativas especiales, a desarrollar la educación infantil 0-3 años, a mejorar la enseñanza de los idiomas o dar el más adecuado impulso a la Formación Profesional.

Presupuestos. Cuando se debatió la Ley Canaria de Educación se habló mucho de la necesidad de establecer compromisos presupuestarios; sin recursos económicos las leyes u otras iniciativas pueden quedarse en papel mojado, en buenas intenciones sin aplicación práctica alguna, como ahora se plantea en la firme exigencia de financiación adecuada para el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Reconozco que me sorprendió, y mucho, que en la LCE se incluyera un compromiso tan rotundo como el de alcanzar el 5% del PIB en materia educativa en el año 2022, lo que debiera llevar a incrementos anuales progresivos para poder llegar a este objetivo.

Esto último no ha ocurrido. En los años siguientes a su aprobación por la mayoría de la Cámara canaria lejos de acercarnos nos hemos ido alejando, con cuentas públicas que reducían el porcentaje de la educación con relación al PIB canario. Solo en este 2018 se ha producido un tímido crecimiento. Y no parece, por lo que se sabe, que en los próximos años vaya a ser mejor.

Ahora hemos conocido que las previsiones del Gobierno canario para el futuro más próximo no incluyen el incumplimiento de los compromisos presupuestarios de la LCE. Como ha denunciado la Plataforma por el 4% para la Educación ¡Ya! el Plan presupuestario a medio plazo y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2019-2021 aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 14 de marzo, recoge que «el presupuesto de Educación para el ejercicio 2021 no superará el 3,66% del PIB, muy lejos del 5% establecido en la LCE para 2022, lo que supondría la pérdida de 656 millones de euros respecto a lo acordado por el Parlamento de Canarias en la Ley Canaria de Educación».

Podríamos pensar que esto sucede porque Canarias ya se ha colocado en la vanguardia educativa estatal, superando sus históricos retrasos en numerosos parámetros. Pero no es en modo alguno así. Desde la bajísima implantación que tenemos en la educación infantil 0-3 años –una de las peores del Estado- a los déficits en la Formación Profesional, pasando por la extensión de los idiomas o por la atención a las necesidades educativas especiales, en nuestra Comunidad queda aún mucho por hacer en el ámbito educativo.

Lo primero, tal vez, sea intentar convencer al actual Gobierno de que cumpla con la Ley Canaria de Educación. Disuadirle para que entienda que priorizar la superación de la calidad del sistema educativo es trabajar por un mejor futuro para esta tierra que no puede ni debe estar condenada a bajos niveles educativos, a empleos precarios y de baja cualificación. A más de lo mismo.

Las cuentas públicas de la Comunidad Canaria para 2019 debieran ser una magnífica oportunidad para romper con las actuales inercias, para realizar una transformación notable en este asunto en el que tanto nos jugamos. Permaneceremos atentos a la pantalla