Pues sí hay caso, y más de uno

Hasta ahora, el discurso de Pedro Sánchez, sus ministros y el Partido Socialista en pleno pasaba por sostener que el llamado 'caso Begoña Gómez' era en realidad un «no caso». La frase más repetida era que no había «nada de nada», en un intento de adelantar una resolución judicial en forma de archivo.

El TSJM no solo entiende que sí hay materia para que el juez siga investigando sino que, además, desmonta por completo el argumentario de Sánchez contra el juez Peinado. Y en este punto hay un dato especialmente relevante y de suma gravedad: el presidente ha utilizado la Abogacía del Estado como si fuera su bufete particular. Una decisión que contradice además su argumentario para no declarar ante el juez: allí dijo que no lo hacía porque Begoña Gómez es su esposa. Razón de más, por tanto, para que Sánchez hubiese actuado contra el juez con los mismos resortes que cualquier otro ciudadano, esto es, pagando de su bolsillo la representación legal para la confección y presentación de la querella. Y si contundente es el pronunciamiento unánime de la sala del TSJM, más lo es el voto particular, que ve motivos incluso para una acción judicial contra el presidente.

En lugar de seguir con esta alocada huida hacia adelante, el presidente debe parar y reflexionar sobre el impacto de sus acciones. Ahora sí que tiene motivos de sobra para cinco días de reflexión: su esposa sigue investigada por negocios aparentemente conectados con la condición de pareja del presidente; su hermano también está imputado por presuntas irregularidades en su puesto a cargo de la Diputación de Badajoz y el rendimiento tributario de sus ganancias; y su hombre de confianza durante años en el partido es señalado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y por la Fiscalía Anticorrupción como pieza clave para una presunta red de corrupción con conexiones con Venezuela, con el propio presidente señalado en mensajes sobre el controvertido viaje de Delcy Rodríguez.

Con mucho menos de eso, en otros países ya se habría puesto fin a la legislatura para que los ciudadanos decidieran. Para ello no hace faltar consultar a la Abogacía del Estado: solo es cuestión de asumir responsabilidades políticas por lo que está pasando. Las que pudieran derivarse en el ámbito penal o en otras esferas del Derecho ya están siendo investigadas y el presidente no puede seguir siendo juez y parte en ellas.