La gravedad del caso Menas

En el punto de mira está la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que tenía la encomienda del Gobierno canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales dirigida por Noemí Santana, de atender a los menas. Según la investigación de la Fiscalía, directivos de esa entidad pudieron cometer malversación, falsedad documental y administración desleal. Todo ello, ante la nula fiscalización del departamento autonómico y dando, además, por buena la continuidad de un contrato que se tramitó por vía de urgencia en plena crisis migratoria, pero que se prolongó sin la debida justificación y que se mantuvo pese a las advertencias de otros organismos públicos del cúmulo de incidentes en algunos de los centros. De hecho, hay abierta otra causa judicial por los graves sucesos vividos en el recinto de Arguineguín.

Con la debida prudencia que siempre debe existir ante un procedimiento judicial que está en marcha, es evidente que nos encontramos ante unos indicios muy graves que precisan de celeridad en la investigación, esclarecimiento de lo ocurrido y depuración de responsabilidades si las hubiera. Responsabilidades en el ámbito penal, como así apunta la Fiscalía Anticorrupción, pero también en el ámbito de la gestión pública, porque cuando se externaliza un servicio, debe existir un control de la calidad del mismo y del cumplimiento del contrato. Bastante tienen los menores no acompañados como para que se conviertan en meros múltiplos matemáticos, a razón de 95 euros al día por persona y sin garantizar que se respetan sus derechos y que esa cuantía no acaba -como apunta la Fiscalía- en el bolsillo de terceros.

La Consejería de Derechos Sociales y el Gobierno saliente deben ser los primeros en abrir en paralelo una investigación administrativa y en ponerse al servicio de la Justicia en lo que ésta precise. El hecho de que estemos ante un Gobierno saliente no es excusa para esperar que ese trabajo lo ordenen los siguientes en sentarse en el Consejo de Gobierno. Y mientras llega ese relevo, ya están tardando la consejera Noemí Santana y su equipo en aclarar desde cuándo estaban al tanto de la investigación abierta por la Fiscalía y qué medidas tomaron.