Corrupción en pandemia

El caso Koldo ha tenido estos días especial relevancia a nivel nacional por la inclusión entre los detenidos de un asesor del que fuera ministro José Luis Ábalos. Pero es que solo en Canarias la empresa Soluciones de Gestión, pieza clave de esa investigación, facturó 12,5 millones de euros al Servicio Canario de Salud. A eso se añaden los 5,3 millones pagados en 2021 a Eurofins Megalab, también vinculada al entramado, y ahora sabemos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ve sospechosa la adjudicación por 6,5 millones de euros a la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción de los trabajos de reforma de los cines Royal para acoger la sede de la Agencia Tributaria Canaria. Estaríamos hablando, por tanto, de casi 25 millones de euros pagados por la administración autonómica canaria a quienes orbitan en torno al caso Koldo.

A esto hay que añadir el caso Damco, una querella de la Fiscalía que se centra en presuntos delitos fiscales por parte de quienes también suministraron material sanitario, pero que igualmente abre la puerta a investigar una supuesta malversación, blanqueo y prevaricación, todo ello a partir de las pesquisas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Estamos ante casos que ya se instruyen en instancias judiciales, de manera que es ahí donde se deben depurar las posibles responsabilidades penales o de cualquier otra índole jurídica. Pero en paralelo están las responsabilidades políticas. Estas se podrán determinar en la comisión de investigación parlamentaria que ya han pedido y registrado en la Cámara regional Coalición Canaria y Partido Popular. Se trata de una iniciativa necesaria y cuya tramitación no debe demorarse. Porque estamos ante una comisión que debió haberse creado hace más de un año: lo impidieron entonces los partidos integrantes del Pacto de las Flores, que optaron por no abrir los expedientes para ver qué había pasado, qué pudo haber fallado y qué protocolos habría que revisar para que no se repitan episodios similares. Eso es lo que se espera de partidos responsables y comprometidos con la transparencia en la gestión. Y eso es lo que no hicieron el Gobierno de Ángel Víctor Torres y las fuerzas políticas que lo sustentaban: Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera.

CANARIAS7 desveló en 2022 el caso Mascarillas, judicializado por la Fiscalía Anticorrupción. Cinco meses tardó el Gobierno en llegar a la conclusión de que el entonces director del Servicio Canario de Salud no podía seguir en el cargo. Pero es que incluso le encomendó incluso hacer la alegaciones al preinforme de la Audiencia de Cuentas que cuestionaba la falta de cautelas en contratas millonarias, cuando ya Conrado Domínguez estaba querellado. Por si fuera poco, desde el Pacto de las Flores se movieron con diligencia para que aquel preinforme fuese silenciado cuando comprobaron que esas alegaciones 'de parte' no eran atendidas. Ese comportamiento revela el empeño en extender un manto de silencio sobre lo ocurrido.

Ahora, cuando se cumplen 4 años del inicio del estado de alarma y de aquellas contrataciones precipitadas que están bajo la lupa judicial, ya no hay margen para las excusas. La Justicia hará su trabajo, pero los partidos que entonces gobernaban tienen que dar la cara, hablar claro, explicar lo que hicieron y por qué, quién recomendó a ciertas empresas y quién decidió que a unos sí se les concedía la gracia de una segunda oportunidad y a otros no.

Los ciudadanos y los gestores públicos de Canarias, como de toda España, que tantos sacrificios hicieron en pandemia merecen respuestas. Y depurar responsabilidades si las hubiera.