Colaboración nacionalista
Finalizaba hace unos meses un artículo de opinión en este periódico (Un nacionalismo útil) planteando si Canarias, una pequeña comunidad de apenas dos millones de habitantes, que carece del peso político y económico en el Estado del que disponen Cataluña o el País Vasco, no precisaba de una acción consensuada y conjunta de sus organizaciones nacionalistas en los ámbitos estatal y europeo. Y cerraba el texto preguntándome y preguntando si era factible y/o necesario ese nivel básico de entendimiento.
Recupero de nuevo aquella reflexión abierta. En un momento en que, en la fase de tramitación del nuevo REF económico, las delegaciones del Ejecutivo canario y CC y la de Nueva Canarias han trabajado conjuntamente para consolidar frente al Gobierno central un texto esencial para el presente y futuro de las Islas, que afecta a los ciudadanos y las ciudadanas, pero también a las administraciones públicas y a las empresas. Que incluye medidas que nos hacen más iguales a los que desarrollan su vida en el territorio continental.
Estoy convencido de que en ese y otros asuntos estatales (la reforma del Estatuto de Autonomía, por ejemplo) y en los que atañen a nuestras relaciones con la Unión Europea, hay un elevado grado de acuerdo entre los nacionalismos canarios. Y que, en la medida de lo posible, estos deben hacer frente común para defender nuestras especificidades y reducir el impacto negativo que supone nuestra lejanía y fraccionamiento territorial.
Para algunos resulta casi inconcebible que partidos que mantienen importantes discrepancias en Canarias –sobre asuntos tan relevantes como la ley del suelo, la tasa turística, la fiscalidad, los servicios públicos o la reforma del modelo electoral- puedan intentar ponerse de acuerdo en otros ámbitos de actuación, como está ocurriendo estos días.
Sin embargo, creo que esa es la línea de actuación correcta. De la misma manera que entiendo que formaciones políticas de distinto color puedan intervenir de manera conjunta para tratar de democratizar nuestro injusto y desproporcionado sistema electoral o, asimismo, para cambiar el rumbo de una televisión canaria que la irresponsabilidad manifiesta de unos pocos ha convertido en un medio escasamente plural y de baja calidad.
Un amplio nivel de acuerdo que resulta esencial y –afortunadamente- obligado por ley en el caso de que se afronte la, a mi juicio, necesaria reforma de la Constitución: tiene que responder a la gran mayoría de la sociedad, no a las formulaciones respetables de uno u otro partido; y, asimismo, durabilidad en el tiempo, la Carta Magna no puede modificarse todos los años.
La Constitución, que cumple este año cuatro décadas, necesita una actualización en distintos aspectos que van desde acabar con la prevalencia masculina en la transmisión de la Corona a los asuntos que afectan al modelo autonómico, pasando por el blindaje de derechos sociales o un mayor reconocimiento a la situación de las mujeres y al combate contra el machismo.
Salvo en las dictaduras, donde el partido único impone sin problemas, sin discusión ni oposición sus planteamientos, sus verdades, la política exige flexibilidad, entendimiento con los otros, búsqueda de acuerdos. En sociedades tan plurales como la nuestra, en la que conviven tantos planteamientos políticos e ideológicos, se precisan marcos comunes y consensos, aunque estos no satisfagan al cien por cien a ninguna de las partes.
Sucede ahora con la propuesta de reforma del sistema electoral de las Islas. Supone, sin duda, un avance pese a la cerrazón inmovilista de algunos: de los que no quieren que se toque la actual triple paridad, a la que consideran sagrada, y de los que, también para hacer imposibles los cambios, ponen por delante sus insuficiencias y plantean propuestas tan revolucionarias como quiméricas. Claro que sería más proporcional un sistema con 30 o 35 diputados y diputadas elegidos en el ámbito del archipiélago, pero ni es posible hoy ni alcanzaría los niveles amplios de apoyo de la actual propuesta reformista.
Aprovecho para reiterar que considero que sería muy positivo para el presente y futuro de Canarias que CC se sumara a la propuesta de cambio que hoy impulsan PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias. Con el factor añadido de que sería un elemento de discrepancia menos entre los dos nacionalismos, que ya tienen suficientes con los que mantienen en materia económica, energética, fiscal o medioambiental y territorial.
Hace unas semanas ha vuelto a abrirse el melón –sucede periódicamente cuando se acercan procesos electorales- del debate sobre la posible unidad del nacionalismo canario. Con más énfasis, si cabe, en tiempos en que algo más que se intuyen involuciones que pueden afectar al autogobierno y a las imprescindibles especificidades que algunos –que no ocultan su desprecio a la identidad canaria- pretenden convertir en una homogenización y neocentralismo que tanto perjudicaría a este Archipiélago.
Sobre todo para el caso hipotético de la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas si el PP no logra sacar adelante las cuentas públicas para 2018 o no consigue garantizar el estable apoyo parlamentario a su Gobierno; aspecto este último al que no ayuda la cada vez más enconada lucha entre las dos derechas estatales, la de Rajoy y la de Rivera. Desconozco si las relaciones entre CC y NC de estos días, su trabajo y colaboración respecto a la reforma del REF, han supuesto el establecimiento de un clima de mayor confianza entre ambas organizaciones.
Como he señalado en otras ocasiones, la colaboración entre CC y NC la considero imprescindible en los ámbitos estatal y europeo. Como imprescindible ha sido el papel del nacionalismo en la conquista de derechos y de recursos para esta tierra. En los años noventa pero también ahora. Su entendimiento en Canarias, deseable, está separado hoy por diferencias sustanciales en muy distintos asuntos que no hacen presagiar que se superen sus actuales distanciamientos.
Para, desde las diferencias y la pluralidad, lograr un espacio nacionalista con mayor base social y electoral, que, a mi juicio, lo llevo planteando desde hace algún tiempo, debe ser profundamente social y medioambiental, acogedor, democratizador, participativo, impulsor de la igualdad, europeísta, abierto al mundo, mestizo y autonomista radical.
