Clavijo contra la funcionaria

A tenor de lo que dirá en su apuesta procesal de defensa, los investigados a diferencia de los testigos no están obligados a decir la verdad, Rosario Hernández Eugenio puede ofrecer su propio testimonio que le deslinde de Clavijo o bien tragar con todo y hacerse cargo de la trama lagunera de Clavijo. Hará lo primero. Entre otras cosas, porque la fiscal Anticorrupción, María Farnés, no le va a comprar ese cuento tras redactar el informe de 70 páginas cuya lectura es idónea para una tarde junto a un café para entender los vericuetos más oscuros de las presuntas corruptelas de CC en La Laguna cuando Clavijo, el que fuera alcalde José Alberto Díaz y el edil José Antonio Pérez-Godiño, se creyeron dueños y señores del poder municipal como si fuera un cortijo particular donde los procedimientos administrativos (que son reglados) se obvian a su antojo e interés del momento. Farnés en el texto se centra en Clavijo por razones procesales, pero exhibe la misma fortaleza de criterio que tuvo cuando le tocó lidiar con el caso Las Teresitas.

Llegados a este punto solo uno (si acaso) puede salir indemne: Clavijo o Rosario Hernández Eugenio. O ambos pueden ser igualmente procesados. Aún hay caso Grúas para rato pues falta practicar muchas pruebas. De todas formas, sea cual sea la sentencia, será recurrida por la otra parte hasta que algún día conozcamos el desenlace. Mientras tanto solo resta detectar cómo se ha desenvuelto Clavijo: como presidente de Canarias no ha sido de recibo su fuga procesal donde trató de retrasar todo lo que pudo su declaración en sede judicial resistiéndose a su condición de aforado que nunca tuvo desde que entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Aunque el disparate es mayor cuando no dudó en seguir siendo candidato a pesar de los tres delitos que se le imputan: prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.