Canarias: educación y equidad

Es cierto que partíamos de una situación muy negativa, de enorme atraso. Cuando se producen las transferencias teníamos un elevado nivel de analfabetismo, muy superior a la media española, colegios desdoblados, plantillas de docentes claramente insuficientes. Y en esa etapa, con Luis Balbuena al frente de la Consejería, hubo que realizar un enorme esfuerzo, con recursos propios, para poder establecer una red de centros en todo el archipiélago y contratar profesorado.

Lo mismo sucedió en la segunda mitad de los noventa, con el enorme esfuerzo desplegado para implantar en las Islas la LOGSE; entonces era José Mendoza el responsable del área educativa autonómica. Por cierto, y a diferencia de lo que ocurrió tras las transferencias, en ese período se consiguió, gracias a la presencia de los nacionalistas en las Cortes, que el Estado apoyara a Canarias mediante el Plan de Infraestructuras Educativas que, salvo algún paréntesis, se ha mantenido en el tiempo aportando unos 42 millones de euros anuales.

El sistema educativo tiene que formar a nuestros jóvenes. En valores y en preparación ante la vida adulta y el acceso al mundo del trabajo. Y debe ser un espacio para la superación de los abismos sociales, permitiendo que salgan adelante chicos y chicas que proceden de entornos económicos y socioculturales desfavorecidos. No parece que esté sucediendo así. Y aquí, como en otros lugares, no ayuda la huida de las clases medias de los centros públicos, más bien todo lo contrario. Ni tampoco los análisis complacientes que maquillan la realidad, paralizan los imprescindibles cambios y se convierten en populistas brindis al sol.

En la Monografía Equidad educativa en España: comparación regional a partir de PISA 2015, realizada por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, se señala que Canarias se encuentra a la cola respecto a estudiantes que obtienen buenos resultados académicos a pesar de pertenecer a entornos desfavorables. Dicho de otra manera, nuestro sistema no ayuda a la equidad ni a la superación de los condicionantes de partida. Es profundamente desigual y, por tanto, injusto. Reconocerlo es el primer paso para intentar superarlo. Ocultarlo solo sirve para mantenerlo.

No es el único informe que denuncia esta situación. En el índice de equidad educativa elaborado por Save the Children, Canarias aparece a la cola con un 4,4, frente a un 16,2 de Euskadi, un 13,6 de Madrid y un 12,2 de Cataluña. A través de numerosos indicadores -los servicios en educación y cuidados de la primera infancia, tiempo de permanencia en el centro en Primaria y Secundaria, porcentaje de centros con comedor, calidad de las infraestructuras, si hay o no internet en las aulas, tasa de abandono escolar temprano- se evalúa las políticas que se desarrollan para paliar las desigualdades. El ascensor social en Canarias está bastante desconchabado.

«Cuando se producen las transferencias teníamos un elevado nivel de analfabetismo, muy superior a la media española, colegios desdoblados, plantillas de docentes claramente insuficientes»

En uno de esos asuntos somos campeones. Me refiero a la infantil cero-tres años. Campeones en escasa implantación. En el conjunto del Estado español se encuentra escolarizado algo más del 36% de la población de 0 a 3 años, en la Comunidad canaria este porcentaje no llega al 14%. Desde la Plataforma para el 5% calculan que se necesitaría crear más de 11.000 nuevas plazas para alcanzar la media estatal.

Mario Andrés-Candelas –diplomado en Educación Social y licenciado en Pedagogía, profesor de la Universidad Complutense de Madrid- y Jesús Rogero García –doctor en Sociología y docente en la Universidad Autónoma de Madrid-, aseguran que el sistema educativo español tiene graves problema de equidad. Y destacan que la inversión debe dirigirse prioritariamente «a las primeras etapas del sistema educativo (educación infantil y primaria) y recaer sobre aquellas personas que parten en situación de desventaja. La actuación educativa es, en estas etapas, más efectiva de cara a la reducción de diferencias posteriores y a la mejora del rendimiento escolar y el desarrollo personal», afirman.

Nuestro Parlamento aprobó en el año 2014, con elevado nivel de acuerdo, solo se abstuvo el PP, una Ley Canaria de Educación no Universitaria (LCE) con contenidos y objetivos de enorme interés: ganar en equidad, atender al alumnado con necesidades educativas especiales, desarrollar la educación infantil 0-3 años, impulsar la Formación Profesional y la enseñanza de idiomas.

La LCE recoge, asimismo, exigencias claras en materia de inversión educativa. En aquel momento el gasto en educación se situaba en Canarias en el 3,8% del PIB, y la ley estableció que, con aumentos progresivos, debería crecer hasta alcanzar el 5% en 2022. Hoy, a tres ejercicios de la meta, estamos en el 3,6%, lo que hace muy difícil su cumplimiento. Curiosamente, en los previos a la elaboración de las cuentas públicas canarias para 2019 todos los partidos, también Coalición Canaria, firmaron una proposición no de ley (PNL) exigiendo que se posibilitara que la educación alcanzara el 4% del PIB en los Presupuestos. El Gobierno de CC y de Clavijo, una vez más, incumplió.

En la próxima legislatura la educación deberá ser una prioridad para el Gobierno de Canarias que se constituirá, esperemos, próximamente. Cosa bien difícil si continúan los mismos al frente del Ejecutivo. Respecto a la Ley Canaria de Educación y el 5% del PIB, Fernando Clavijo me dijo en una entrevista radiofónica en mayo de 2015 que las leyes «estaban para cumplirlas o para cambiarlas». Cuatro años después no la ha cambiado. Pero tampoco la ha cumplido.