Menos burocracia para las ayudas

Desde el Gobierno canario se ha acertado al contar con las Cámaras de Comercio para facilitar la tramitación

Editorial -
EDITORIAL - Las Palmas de Gran Canaria

La presencia este lunes en el Foro de CANARIAS7 de la vicepresidenta y ministra de Economía y Transición Digital, Nadia Calviño, servirá para conocer de primera mano la hoja de ruta del Gobierno de España para la reactivación económica tras la crisis derivada de la pandemia por el coronavirus covid-19. Por las manos de la ministra, que se ha distinguido como una de las personas más sólidas del Consejo, ha pasado el plan de reformas y actuaciones enviado a Bruselas, que es clave para la llegada de los fondos comunitarios del programa Next Generation. Precisamente el próximo miércoles está previsto que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se traslade a Madrid para hacer pública la valoración de ese plan español.

La visita a Gran Canaria de la vicepresidenta y ministra se produce además cuando ya está en marcha la puesta en funcionamiento del mecanismo que pondrá a disposición de las empresas de las islas los 1.144 millones de euros habilitados por el Gobierno de España para aliviar en las islas los estragos de la crisis sanitaria.

En ambos casos se hace preciso contar con una Administración ágil y eficiente pero también con un marco normativo y legal que facilite la materialización de las ayudas en forma de inversiones productivas. Sobre lo primero, desde el Gobierno canario se ha acertado al contar con las Cámaras de Comercio para facilitar la tramitación de las ayudas. Se trata de corporaciones que conocen a la perfección la realidad de grandes, medianas y pequeñas empresas, con el añadido de que estas últimas suponen nada menos que el 80% del teijo productivo del archipiélago. Es, por tanto, una buena solución ante la evidencia de que, como apuntó el propio vicepresidente canario, Román Rodríguez en estas páginas hace una semana, el sector público de las islas sufre todavía los efectos de los ajustes en personal que se llevaron a cabo tras la crisis de 2008.

Respecto al adelgazamiento y simplificación normativa y legislativo, el Ejecutivo central y las comunidades autónomas han dado algunos pasos pero es imprescindible profundizar en esa senda. Desde los alcaldes de municipios más pequeños a los presidentes de gobiernos de autonomías más pobladas se escucha la misma queja: la reglamentación para la contratación pública es tan garantista que al final desanima a la iniciativa privada y deriva en un nivel de ejecución presupuestaria muy bajo. Y ahora no se puede desperdiciar un solo céntimo. En esa línea va también el mensaje de los dos alcaldes capitalinos, Augusto Hidalgo y José Manuel Bermúdez, en el encuentro celebrado esta semana y cuyo desarrollo ofrecemos hoy a los lectores.

La resiliencia de la economía española tiene un límite. Más aún cuando la vuelta de la 'normalidad' es una gran incógnita, ante las restricciones en mercados emisores como el británico y el miedo más que razonable ante el impacto de las variantes de la covid-19 que van apareciendo. Por eso mismo todos los fondos europeos, estatales, autonómicos, insulares y locales que empiezan a activarse deben ir acompañados de esa simplificación administrativa y normativa. Y no como una solución excepcional para un momento concreto sino como medidas permanentes, pues ya es hora de que legisladores y gestores públicos asuman que la economía se mueve más rápido cuando el sector privado encuentra facilidades y no trabas. No se trata de discutir la garantía de que los procedimientos sean reglados y adjuntados a Derecho, sino de entender que hay otra garantía fundamental a proteger: la de que la inversión privada genera empleo, reduce la brecha social y sostiene también al sector público por la vía de los ingresos fiscales.