Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
Belén Gil (Efe) / Madrid
Domingo, 19 de enero 2020, 09:54
De las 100 medidas para la España Viva que conforman su programa electoral, el partido de Santiago Abascal ha colocado ya alrededor de un diez por ciento en las cuentas públicas como pago a su respaldo a los gobiernos regionales.
Un primer paso imprescindible para pasar de las palabras a los hechos al situar directamente sus propuestas políticas en la acción de los gobiernos para que sean aplicadas.
El presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, que gobierna en coalición con Cs gracias al apoyo de Vox, fue el primero en incorporar propuestas de la formación en los presupuestos autonómicos.
Al Gobierno andaluz le ha seguido esta semana el de Fernando López Miras en Murcia, donde también fue necesario el respaldo de Abascal y los suyos para que gobernaran PP y Cs.
En Madrid, el Gobierno de coalición de PP y Cs ha prorrogado las cuentas de 2019 hasta que el Ejecutivo central le comunique los ingresos a cuenta que le corresponden para 2020, por lo que aún no hay una negociación propiamente dicha, pero la líder regional de Vox, Rocío Monasterio, ya ha manifestado sus principales exigencias.
La reducción del gasto político "ineficaz", la eliminación de "subvenciones ideológicas" y medidas "ambiciosas" de bajada de impuestos son las tres grandes condiciones que planteará Vox, cuyo grupo parlamentario trabaja ya para auditar las cuentas de otros años y ver a qué se han dedicado las partidas.
Estas son los compromisos más relevantes que ha arrancado Vox:
Los centros educativos tendrán que solicitar una autorización expresa a los padres para que decidan si sus hijos pueden participar en actividades complementarias que afecten a cuestiones morales socialmente controvertidas o a la sexualidad.
Esta medida, que Vox encuadra en la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos frente al "adoctrinamiento en ideología de género", será recurrida por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sido contestada por asociaciones y colectivos de izquierdas.
Entre las numerosas medidas contra la inmigración irregular recogidas en su programa electoral, ha introducido varias relacionadas fundamentalmente con los menores inmigrantes no acompañados.
Según el acuerdo alcanzado en Murcia, el Centro de Santa Cruz dejará de utilizarse como espacio de alojamiento de estos niños "a la mayor brevedad posible", mientras que en Andalucía los presupuestos recogen 150.000 euros para reforzar la seguridad de los centros que los acogen.
Para ello, se ha introducido en los acuerdos presupuestarios cambios en las normas de participación institucional.
Cualquier subvención a los agentes sociales deberá ser "competitiva y para fines y proyectos de interés general", de tal modo que se irán eliminando paulatinamente las ayudas genéricas para gastos de funcionamiento hasta su desaparición.
Se desarrollará un paquete de medidas fiscales y de reducción de tasas a favor de las familias, en especial para las numerosas y con personas con discapacidad a su cargo, así como un programa de asistencia para mujeres embarazadas con dificultades económicas.
Entre las posibles beneficios fiscales, Vox incluía en su programa una reducción mínima del 50 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para familias con hijos y exención de su pago a las familias numerosas. También el tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos o de los dependientes.
El acuerdo presupuestario firmado en Andalucía incluye 300.000 euros para la puesta en marcha de un teléfono para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar. En el suscrito en Murcia, no se hace ninguna mención al respecto.
Vox reniega del concepto de "violencia de género" y defiende medidas que hagan frente a cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar.
Los de Santiago Abascal también han conseguido arrancar compromisos para la defensa de la caza como "actividad necesaria y tradicional del mundo rural y la protección de la tauromaquia "como parte del patrimonio cultural español".
En Andalucía, la caza se llevará a los colegios "para su promoción y conocimiento" y se impulsará una licencia interautonómica para la práctica de esta actividad.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.