El juez del Supremo pide el protocolo que justificó el fiscal general para borrar su móvil

En concreto, en un auto dictado este miércoles, el juez requiere al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte «copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal».

En su momento, cuando la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló en un informe el pasado diciembre que en el móvil de García Ortiz había «0 mensajes», el equipo de comunicación de la Fiscalía General explicó que el formateado respondía a la «Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal», que fija en su artículo 7.3, las «obligaciones de las fiscalías, unidades y de los demás órganos del Ministerio Fiscal», de llevar a cabo la «destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso».

Sin embargo, la pasada semana, Julián Salto, el fiscal del caso de la pareja de la presidenta y responsable de las aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías de la institución en la Comunidad de Madrid, y la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, negaron que existiera ese protocolo de borrado periódico de datos o que jamás se les hubiera obligado a ellos a cancelar las informaciones de sus teléfonos.

El instructor, además, ha accedido, tal y como le pedían las acusaciones, a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; que remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; y que informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados. Además, en caso de que los terminales hayan sido borrados o destruidos, exige conocer «la identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en la que dichos formateos se hayan producido y el software utilizado».

El instructor, que rechaza el resto de diligencias que las acusaciones proponían respecto a dispositivos móviles y correos electrónicos a la espera de las investigaciones ya encargadas a la UCO, destaca que solo acepta las peticiones sobre el formateo de los móviles entregados «por considerar que puede servir de complemento a la información que se hace en el informe de la UCO del pasado 3 de enero, en que se recogía el cambio de terminal telefónico por parte del investigado».

Otras diligencias que el instructor desestima practicar se refieren a la toma de declaración de varios cargos o excargos de Moncloa supuestamente vinculados con el intento de airear los datos confidenciales de Alberto González Amador en la Asamblea de Madrid, tal y como denunció en su día el exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato.

Tampoco accedió a la petición del abogado del novio de Ayuso de acceder a las comunicaciones de los teléfonos de tres periodistas. Para ello, justificó que supondría la afectación del secreto profesional de los informadores y la especial protección que merecen sus fuentes.

El juez descartó también la diligencia solicitada por la acusación particular para que se requiera a la Fiscalía Provincial de Madrid la fecha de designación del fiscal encargado de la causa en la que está incursa Begoña Gómez, después de que apareciera un post-it con el nombre de la mujer del presidente en la agenda de la otra coimputada, la fiscal jefe Pilar Rodríguez. Hurtado alega que «no ve la relación que dicho procedimiento pudiera tener con el presente».

Precisamente, la defensa de Rodríguez pidió en un recurso al propio juez que suspenda las declaraciones previstas para la próxima semana de ella misma, el fiscal general y el responsable de la Secretaría Técnica del Ministerio Público. Justificó para ello la necesidad de celebrar algunas diligencias ya autorizadas y otras que no ha resuelto el magistrado. Enumera por ejemplo la declaración del querellante Alberto González Amador, la intervención del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, e incidir en los testimonios de varios periodistas que dijeron que tuvieron acceso al correo confidencial antes de que estuviera en manos del fiscal general.