Robles defiende la legalidad de un contrato del Ejército con una empresa del 'caso Koldo'

A peguntas del portavoz de Defensa del PP Fernando Gutiérrez, militar de carrera con rango de general en la reserva, Robles defendió que en su departamento «todo se hace con arreglo a la legalidad» y en el caso de la empresa bajo sospecha se ha actuado con las mismas garantías. «Si hay empresas que están en el tráfico mercantil, que cumplen los requisitos y cumplen la ley, nosotros no somos quiénes para excluirlos en un procedimiento contractual con arreglo a derecho», respondió la ministra en línea con lo que ya dijo la semana pasada en el Congreso, donde recordó que la presunción de inocencia es un principio fundamental: «No puede haber aquí una especie de inquisición, de que todo el mundo es culpable», dijo.

Robles lamentó que el senador Gutiérrez, por su condición de militar, quiera «enfangar» el debate proyectando sombras de sospecha sobre el Ejército por un contrato de 14.337 euros «perfectamente legal». Su crítica llegó después de que el parlamentario por Melilla criticara la falta de explicaciones acerca de la adjudicación a Comercial Cueto 92. «Sabe cómo funcionan las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, por lo que le pediría que respetara a los funcionarios que contratan siempre con arreglo al derecho», señaló la ministra, a lo que el senador del PP respondió que no habla de las Fuerzas Armadas, «sino del PSOE y de su corrupción».

Y es que en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta la pregunta de Gutiérrez iba más allá del 'caso Koldo', ya que versaba también sobre la compra de mascarillas por parte del ministerio durante el peor momento de la pandemia. El portavoz popular mostró su malestar por la falta de respuesta de Defensa tres semanas después de la petición y tachó como un periodo «aciago» las presuntas irregularidades en las compras de mascarillas en pandemia.

En el caso del empresario Juan Carlos Cueto, además de su investigación en el 'caso Koldo', está procesado por otra causa en la Audiencia Nacional relativa al 'caso Defex', la venta de material policial a terceros países. Le piden cerca de 55 años de prisión por comisionar 93 millones a través de Comercial Cueto 92, que iba en una UTE con la empresa pública Defex en un contrato de 153 millones de junio de 2008 con el Gobierno de Angola. De estos 93 millones, unos 70 acabaron desviados a una telaraña tejida desde Suiza por Beatriz Paesa, sobrina de Francisco Paesa, el mítico espía que engañó a ETA y vendió a Luis Roldán; y 41 afloraron en una cuenta de Cueto en Luxemburgo. Un destino que también aparece en el posible blanqueo de capitales del 'caso Koldo'.