Miembros de la izquierda abertzale con un cartel durante el recibimiento a un preso. / EFE

Los presos de ETA debatieron hasta dónde arrepentirse para conseguir beneficios

La investigación de la Guardia Civil que ha destapado los contactos del entorno de los reclusos con el Gobierno también revela que el colectivo barajó tres modelos de «cartas de reinserción» y que eligió la que no le comprometía con las víctimas

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid

El Ministerio del Interior aceleró a finales de 2019 su política de acercamientos y beneficios a presos de ETA precisamente en el mismo momento en el que el colectivo de reclusos (EPPK) acordó que en las «cartas de reinserción» no se incluyera una petición de «perdón» a las víctimas, tal y como en un principio exigió Instituciones Penitenciarias. En el modelo de misiva que al final se impuso y que usó, al menos en los primeros compases, la inmensa mayoría de los reclusos que ha visto mejorar su situación carcelaria en los últimos años también se suprimió cualquier referencia expresa a una colaboración con la justicia para esclarecer crímenes sin resolver.

La investigación de los servicios de información de la Guardia Civil sobre la organización de 'ongi etorri' (bienvenidas a los excarcelados) que ha destapado los contactos directos del entorno de los presos con la dirección de Instituciones Penitenciarias para tratar los traslados, también ha sacado a la luz el intenso debate del colectivo de reclusos para definir hasta dónde debía llegar su 'arrepentimiento' para que éste fuera suficiente para abrirles las puertas a los acercamientos, salidas y otros beneficios penitenciarios.

Los documentos incautados por el instituto armado a Oihana San Vicente Sáez de Ceráin (una de las responsables del colectivo de apoyo a los reclusos, detenida en enero de 2020 en el marco de la investigación sobre los 'ongi etorri') revelan que el EPPK fue puliendo paulatinamente las cartas tipo de «reinserción o permisos penitenciarios».

Los borradores

Según revelan los papeles descubiertos a San Vicente, hubo tres borradores de cartas tipo y el debate se extendió desde febrero de 2018, cuando todavía estaba el Gobierno del PP en el poder y los traslados de presos eran muy escasos, hasta noviembre de 2019, cuando los acercamientos del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzaron a hacerse cada vez más habituales.

En el primer modelo que se barajó en los últimos meses de Mariano Rajoy en Moncloa, el colectivo de recluso sí que admitía básicamente todos los requerimientos de las víctimas. En esa carta -que fue paulatinamente abandonada a lo largo de 2018- el preso garantizaba expresamente haber roto con el EPPK («actualmente no tengo ningún vínculo con nadie de ese entorno); pedía «perdón a las víctimas causadas por mi actividad delictiva»; aseguraba «lamentar sinceramente» el dolor provocado; y prometía «facilitar información a las autoridades para esclarecer algún delito si fuera necesario y siempre y cuando yo tuviese información relativa al mismo». Básicamente, se contemplaba incluso la delación de compañeros. Además, el recluso se comprometía abonar «la responsabilidad derivada de mis delitos».

En el segundo formato, que no está fechado pero fuentes de la lucha antiterroristas sitúan a finales de 2018 o principios de 2019, el colectivo de presos ya comenzó a suavizar algo su 'arrepentimiento'. El preso ya no rompía radicalmente con el EPPK, sino que anunciaba que había «dado de baja» a «cualquier abogado del Colectivo de Presos para que progresivamente no tengamos ningún vínculo con nadie de ese entorno». En ese segundo formato sí seguía apareciendo el «perdón» a las víctimas y la promesa de colaboración, pero había matices en el pago de la responsabilidad civil, pues el «compromiso» era abonarla «con cuotas asumibles para mi situación económica».

En el tercer modelo -que es el que finalmente se impuso y el que mayoritariamente usaron los presos para, al menos, iniciar el proceso de acercamiento o beneficios- los cambios fueron mucho más notorios. Ni una mención al perdón, ni a la colaboración con la justicia, ni a pagar la responsabilidad civil. La gran parte de los centenares de presos acercados lo consiguieron con una carta en la que decían «renunciar al método utilizado en el pasado» y en la que se comprometían a ser «agentes activos y eficaces en la solución del conflicto».

En la misiva que finalmente prosperó, aunque el preso no pedía perdón sí que se reconocía «el daño causado» y decía ser «consciente de que durante mi militancia he podido causar dolor». Pero en ningún momento, el terrorista reconocía sus «delitos» e insistía en que todo lo ocurrido era «consecuencia del conflicto».