Alfonso Fernández Mañueco tras la firma del acuerdo. / EFE

La ley de «violencia intrafamiliar», la medida más polémica del acuerdo PP-Vox

Promoverán «una inmigración ordenada que se integre y contribuya al futuro» de Castilla y León

XABIER GARMENDIA Madrid

El acuerdo de legislatura entre PP y Vox incluye once ejes de gobierno y hasta 32 acciones a desarrollar durante el mandato. Entre ellas se incluyen cuestiones sociales, económicas y fiscales con un claro protagonismo del mundo rural.

Ley de violencia intrafamiliar

Sin referencias al machismo

Vox consigue que el PP asuma el término «violencia intrafamiliar» en detrimento de «violencia de género» o «machista» y su compromiso para sacar adelante una ley que «actualice la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables».

Seguridad

Inmigración «ordenada»

En materia de seguridad, el programa PP-Vox hace hincapié en «el fenómeno delictivo de la ocupación» que se compromete a combatir, ofreciendo asesoramiento gratuito a las víctimas. También promueve «una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro» de la región.

Fiscalidad

Bajadas de impuestos

El acuerdo promete desarrollar «una política fiscal inteligente, capaz de atraer y retener tejido productivo». Entre las medidas concretas, una reducción de impuestos para favorecer la reindustrialización y ayudas directas e incentivos de apoyo a la natalidad. En todo caso, se pretende compatibilizar la bajada impositiva con «unos servicios públicos de calidad».

Reclamaciones

Presión al Gobierno central

Los dos socios se comprometen a hacer frente común ante el Gobierno central para reclamar varias cuestiones: apoyo para los productos del campo, protección del lobo, misma Selectividad en todas las comunidades, planes hidrológicos y una financiación autonómica «justa, solidaria y acorde con el coste de la prestación de los servicios públicos»