Sánchez, apremiado a cerrar el pacto con Junts ante el creciente hervidero en contra

El acelerón hace una semana de las negociaciones para la investidura, con la foto de Cerdán, secretario de Organización del PSOE, con Carles Puigdemont en Bruselas rehabilitando políticamente al expresident fugado desde hace seis años, disparó las expectativas de una investidura exprés. El enfriamiento por el que optaron Puigdemont y los suyos tras la alharaca con la que ERC escenificó el jueves su alianza con los socialistas, atribuyéndose la inclusión en la amnistía de los CDR y de Tsunami Democràtic y la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña, evidencia que la imagen de Cerdán con Puigdemont no imprimió el lacre al acuerdo sino que representó un peaje. Con las conversaciones reactivadas desde el sábado y el Gobierno en «modo cerrojazo» informativo, en gráfica expresión de un ministro, la investidura sigue siendo posible esta semana. Pero el reloj corre y el no al pacto con epicentro en la amnistía suena ya tan estruendoso que apremia a Pedro Sánchez a sellarlo cuanto antes para tratar de minimizar los daños.

«Avanzamos», describieron ayer fuentes del PSOE, que apelaron de nuevo a la discreción y situaron los contactos en el momento de la revisión por los juristas de ambas partes de los aspectos «técnicos» objeto de discusión de la ley que borrará las consecuencias penales del 'procés' separatista. De la montaña rusa en que viajan las negociaciones da prueba que Turull y Batet regresaran este domingo a Bruselas para seguir la última hora junto a Puigdemont, antes de que Cerdán también retornaran a la capital comunitaria. Un Puigdemont que también ayer, en uno de sus crípticos mensajes en las redes sociales, volvió a denunciar la 'lawfare', la llamada guerra legal por la cual, escribió el expresident prófugo en Waterloo, se despliegan «por medios inaceptables en democracia, efectos políticos» contra disidentes o rivales «a través del poder judicial».

El tuit remite a «la desjudicialización» total de las causas abiertas por el 'procés' exigida por el jefe de Junts desde que aceptó entrar a transaccionar la investidura de Sánchez. El viernes, cuando los negociadores de ambas partes abandonaron la capital belga, el escollo estaba situado en el llamado 'caso Voloh' por el que está encausado en la Audiencia Nacional Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Puigdemont, por presunto desvío de fondos públicos para plataformas independentistas. Si la exculpación, tras ser enviados ya a juicio por delitos terroristas, de los CDR -a la que se sumaría la despenalización de Tsunami Democràtic, con la número dos de ERC, Marta Rovira, como principal investigada- genera dudas en la Magistratura sobre su encaje constitucional, el pase de página de las imputaciones por malversación podría colocar al Gobierno en un trance comprometido ante la justicia europea; máxime cuando el Supremo está trabajando ya, según fuentes judiciales, tanto en una posible cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley ante el TC como en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

ERC y Junts han reclamado una amnistía de tan amplio espectro que abre el interrogante sobre cómo conjurará jurídicamente el Gobierno el riesgo de similitud con el indulto general que sí está prohibido de manera expresa en el artículo 62 de la Constitución. Puigdemont ha exigido garantías sobre los compromisos adquiridos. Pero lo cierto es que si acuerda la amnistía -ERC ya lo ha hecho-, Junts avalará la investidura antes de una aprobación de la norma que se anticipa tortuosa por la estrechez del tiempo en este periodo de sesiones y con el el PP centralizando en el Senado la obstaculización de la medida de gracia. Y lo hará también, a la espera de conocer la literalidad de la proposición de ley que llevaría la firma de todos los socios de Sánchez, sin que el blindaje pueda ser absoluto. Como se constata en medios judiciales, una vez que la amnistía sea refrendada por el Congreso lo que ocurra con su aplicación por el Supremo y el resto de juzgados y tribunales concernidos «sale del control del Gobierno».

Sánchez encara desde hoy las tres últimas semanas para conquistar su reelección con el PSOE arriesgándose a un fuerte desgaste en medio del creciente hervidero de rechazo político, judicial y social a sus cesiones al secesionismo. Cerdán se apoyó ayer en el «claro y contundente aval» recibido la víspera de la militancia para subrayar que su líder está más cerca de la investidura y oponer este ejercicio de «democracia interna» a los «pactos de la vergüenza» del PP con Vox y a las consignas de «Viva Franco» coreadas por manifestantes ante Ferraz. Una convocatoria de autoría indefinida llama a concentrarse este lunes por la tarde ante las sedes del PSOE en nueve ciudades -Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia- bajo el lema '¡Paremos la traición!'.