Patxi López, portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados / EFE

Golpe de mano del Gobierno para desbloquear el Constitucional

La iniciativa, que contempla la eliminación de la exigencia de una mayoría de tres quintos para que el CGPJ escoja sus magistrados, se justifica, afirman Patxi López y Jaume Asens, por el «secuestro» que ejerce el PP sobre los órganos judiciales

Cristina Vallejo
CRISTINA VALLEJO

El mecanismo legal que busca hacer posible la renovación del Tribunal Constitucional (TC) está ya escogido: el PSOE y Unidas Podemos registran conjuntamente este viernes dos enmiendas a la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal –la que busca la derogación del delito de sedición y que podría también modificar el de malversación a través de otras enmiendas de grupos parlamentarios como ERC y también del Partido Socialista–.

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, para explicar estos cambios que proponen en la legislación sobre el poder judicial, se escudó en que la Constitución establece tanto la fórmula de la renovación de los órganos de gobierno de los jueces y del Tribunal Constitucional como también la periodicidad que han de tener tales cambios y relevos en sus cargos, cuestión esta última que no se está respetando. López, también para justificar sus reformas, incidió en sus recriminaciones al principal partido de la oposición, reiterando que «cada vez que el Partido Popular está en la oposición, siempre hay problemas» para realizar los nombramientos y las renovaciones y que «no hay precedentes de una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos momentos con la justicia». El diputado socialista repitió las críticas que lanza su partido a los populares, acusándoles de que tienen a la justicia «secuestrada», porque los órganos de ese poder tienen su mandato caducado desde hace más de cuatro años y esto, aseguró, «sólo se debe a que tenemos un PP fuera de toda realidad democrática».

Patxi López echó mano también de las declaraciones de hace unos días del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que mantiene bloqueada la renovación del Poder Judicial para protegerlo del Gobierno de Sánchez. Ello, en palabras del portavoz socialista en el Congreso, supone que Feijóo defiende que no cumple la Constitución porque no le gusta el Gobierno elegido democráticamente los ciudadanos: «Esto es simplemente y radicalmente antidemocrático», lanzó López, «es inaceptable en democracia», remató. Por ello, tachó al PP de «antisistema», de no tener «ninguna cultura democrática» ni «ningún sentido de Estado».

En esta situación, Patxi López justificó que con las enmiendas que presentan, quieren «garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional». Se trata de «fórmulas» que «devuelven la normalidad» a las altas instituciones judiciales, según palabras del portavoz socialista.

En la misma línea, su homólogo de Unidas Podemos, Jaume Asens, defendió que la reforma propuesta junto al PSOE busca «liberar al Tribunal Constitucional del chantaje del PP». Añadió que considera que el PP «no va a ser un actor de renovación del CGPJ», ya que le achacó «querer llegar a las elecciones secuestrando el CGPJ y el TC», lo que, en opinión de Asens, constituye «el peor golpe a la democracia desde el 23-F».

La primera de estas enmiendas que registran Unidas Podemos y el PSOE, según adelantó en la noche del jueves eldiario.es, busca la reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para que no sean necesarios tres quintos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino únicamente mayoría simple, para escoger los dos miembros que a este órgano le corresponde renovar en el TC.

La propuesta de cambio, además, según desarrolló Patxi López, marca la obligación de iniciar el procedimiento de designación de candidatos por parte del CGPJ y un mandato de plazos claro para concluirlo: en cinco días a partir de la entrada en vigor de la ley, el presidente del CGPJ tiene que abrir el plazo de presentación de candidatos para el TC. Cada vocal podrá presentar un candidato como máximo. A partir de ahí habrá tres días para convocar el pleno de votación. Y los dos con más votos serán los designados. En caso de empate, será el presidente el que dirima la cuestión. En caso de incumplimiento de estas disposiciones, afirmó López, habrán de asumir responsabilidades, «incluso de carácter penal».

El Tribunal Constitucional se ha de renovar por tercios, de acuerdo a lo que establece la Constitución: como consta de doce miembros, se han de cambiar de cuatro en cuatro. El Gobierno ya ha escogido a los dos suyos, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia Laura Díez. Y si bien había miembros del TC que veían conveniente la renovación ya de los dos cargos que corresponden al Ejecutivo, la mayoría de ellos eran partidarios de respetar la letra literal de la Constitución, que establece que se han de cambiar junto con los dos que corresponden al CGPJ, para los que aún no ha habido acuerdo en el seno de esa institución y se prometía difícil que lo hubiera en su próxima reunión prevista para el día 22 de diciembre.

La segunda enmienda modificará la regulación del TC con objeto de que si transcurridos nueve años y tres meses de mandato de los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno estos órganos no hubieran realizado sus propuestas, la renovación correrá a cargo del organismo que haya realizado la presentación de sus candidatos. Ello, por tanto, acaba con el debate sobre la renovación por tercios y que tenga que ser conjunta la que efectúa el CGPJ y la que realiza el Gobierno.

Además, en cuanto a los miembros designados por el Ejecutivo, se suprime el trámite de verificación previa, porque no tiene «ningún sentido», aseguró López, que el TC pueda bloquear los nombramientos que le corresponden al Gobierno, aunque habrá mecanismos posteriores de verificación del cumplimiento de los requisitos objetivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el martes en una conversación con periodistas que Juan Carlos Campo Laura Díez, sus dos candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, tomarían posesión de sus puestos antes de que acabe el año. Y el miércoles fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron a este periódico que Sánchez tenía ya avanzados los estudios para desbloquear la renovación de ese órgano.

Con este movimiento, el Gobierno se asegura que sus nombramientos, el de Campo y el de Díez, contestados por la oposición y no del todo respaldados por Unidas Podemos, previsiblemente, saldrán adelante.