PP y Vox defienden sus enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía

«Desjudicializar la política es crear una casta política. Una casta por encima de la ley que usará la ley parra otorgarse beneficios a si misma (...) La amnistía no ha sido por convivencia, eso lo saben todos los españoles. Ha sido exclusivamente por 7 votos», ha asegurado la dirigente riojana.

El PP decidió contraatacar formalmente a la ley de amnistía el pasado 3 de enero al registrar una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Dicha iniciativa rechaza en su exposición de motivos todo el contenido de la proposición de ley socialista y propone, además, la disolución de partidos que promuevan declaraciones de independencia o un referéndum ilegal mediante la introducción en el Código Penal de una serie de delitos de «deslealtad constitucional».

Una iniciativa con la que Génova se ha acercado mucho a la histórica línea roja con los partidos separatistas defendida por Vox -que siempre ha abogado por la ilegalización de estas formaciones- y que hubiese derivado en la prohibición de fuerzas como Junts o ERC en 2017.

Pero el propio Feijóo -ayer- rectificó y se abrió a una modificación de la medida estrella de su enmienda e incluso reconoció que, como mínimo, su propuesta necesitaba «una explicación más pormenorizada». El encargado de exponer esa iniciativa por parte de los populares fue Miguel Tellado, que tuvo que ofrecer explicaciones ante la prensa dos jornadas consecutivas sin con ello se resolviese la confusión que existía entorno a los conceptos empleados.

En concreto, lo que dice la enmienda es que se impondría pena de disolución a las personas jurídicas responsables de esos delitos salvo que colaboraran con la justicia para restaurar el orden constitucional, en cuyo caso lo que habría es una suspensión de actividades por un tiempo.

El texto de la enmienda popular propone una modificación del Código Penal para incluir un nuevo capítulo, el VII, denominado «deslealtad constitucional», que consta de cuatro artículos: los que irían del 544 al 547. El fin es «castigar» a las autoridades, cargos públicos y funcionarios públicos «que promuevan inobservancia de las leyes o el incumplimiento de resoluciones judiciales» o que contravengan «frontalmente mandatos imperativos que afectan al mantenimiento del orden constitucional y la integridad del Estado».

Así, propone tipificar como delito las declaraciones de independencia «fuera de los cauces legales de reforma constitucional» como la de 2017 y los referéndums o consultas independentistas. El primero de los artículos fija penas de cinco a diez años de prisión y de seis a 12 años de inhabilitación absoluta para cualquier autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea autonómica que, «fuera de los cauces legales de reforma constitucional» declare la independencia de una parte del territorio o su integración en otro Estado o realice actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien.

El texto también plantea que «si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a tres años». Cabe recordar que el Código Penal en 2003 ya contempla penas de tres a cinco años de prisión para las autoridades que convocasen referendos o consultas populares, condenas inferiores a las que plantea el Partido Popular.

Vox también ha defendido este miércoles la enmienda a la totalidad registrada contra la futura de ley de amnistía. Pepa Millán, portavoz del partido, ha sido la encargada de defender la postura contraria de los de Santiago Abascal a la medida de gracia.

«El PSOE es el autor del desgaste de nuestra democracia, los culpables de la erosión de las instituciones y los colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir de Cataluña a una mayoría de catalanes por defender su españolidad», ha asegurado la dirigente andaluza.