La presidenta del Parlament, Laura Borrás. / efe

El Parlament sí investigará el espionaje de Pegasus

Los comunes se unen a las fuerzas independentistas para impulsar una comisión de investigación en la Cámara catalana sobre el 'catalangate'

CRISTIAN REINO Barcelona

El Congreso ha tumbado este martes la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje de Pegasus. No la habrá de momento en el Parlamento español, según el PSOE. Donde sí la habrá será en la Cámara catalana. Las fuerzas independentistas (ERC, Junts y la CUP) y los comunes, que suman una amplia mayoría absoluta, han registrado conjuntamente una propuesta de resolución para crear una comisión de investigación en el Parlament.

Esto cuatro grupos consideran que el Parlamento de Cataluña no puede quedar «impasible ante la gravedad de los hechos», que atentan a su juicio directamente contra derechos fundamentales, a pesar de que el Congreso, con los votos del PP y del PSOE, Vox y Cs, haya vetado esta mañana la comisión de investigación sobre el espionaje.

La comisión de investigación en la Cámara catalana tendrá como objetivo conocer los detalles de las intromisiones y los impulsores ya concluyen que las ha realizado «el Estado a través del CNI u otros organismos públicos», descartando ya de entrada la vía marroquí. Además, buscará esclarecer los detalles de las estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Vicepresidencia económica y Justicia del Gobierno que «hayan participado, de forma directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados y esclarecer su alcance temporal». Intentará determinar asimismo los mandos que han tomado las decisiones y su motivación.

La comisión de investigación también tiene la intención de desvelar los procesos de contratación o si ha existido tutela judicial, así como conocer las labores de investigación u otras acciones que impulsa el Parlamento Europeo. El Parlament podrá llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a la vista de las conclusiones, y exigir, en caso de que se deriven, las responsabilidades políticas, penales o civiles pertinentes, según las cuatro formaciones impulsoras. La comisión tendrá un año de vigencia, redactará un informe final y elaborará un dictamen que será oportunamente debatido por el Pleno del Parlamento.