La justicia deja finalmente fuera del 'caso Púnica' a Esperanza Aguirre

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuyo paraguas actúa en esta causa el PSOE, recurrió ante la Sala la decisión del magistrado de no atender su petición de que se replanteara no procesar a la expresidenta y también su sucesor Ignacio González por su papel en la supuesta 'caja b' del PP madrileño con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011. En total, dicha parte pedía que se reabriera el caso contra un total de 61 personas, entre ellas los exconsejeros madrileños Manuel Lamela, Salvador Victoria o Juan José Güemes, además de los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Francisco Javier López Madrid, e incluso al propio PP como responsable civil subsidiario.

Pero el tribunal rechaza su solicitud por falta de fundamentación fáctica, pues «lo que parecía era una campaña organizada de financiación del Partido Popular madrileño a costa del erario público se ha quedado sin respaldo indiciario incriminatorio y se ha visto reducido a hechos concretos y aislados», informa Europa Press. Por eso, añade en su resolución, no se puede hablar de que los investigados «constituyeran una organización criminal destinada a cometer delitos de prevaricación, malversación y falsedades documentales, puesto que hubiera sido necesario la constatación (...) de la existencia de un entramado jerárquico organizado desde la cúpula del PP en pro de su financiación (...) que no ha acontecido».

Añade que fruto de esto, también es imposible sostener «la continuidad delictiva» pretendida por ADADE y por tanto varios de los hechos investigados inicialmente «han prescrito durante las actuaciones». «No parece lógico que (...) después de casi 10 años de instrucción de las actuaciones y de más de 4 de esta concreta pieza, se considere prematura la decisión de la prescripción de unos hechos que han sido concienzudamente investigados», explica. Tras esto, la Sala aborda los supuestos en los que el PP de Madrid habría usado consejerías para llevar a cabo la supuesta labor de recaudación subrepticia y concluye que ninguno se ha acreditado.

Sobre el posible uso de la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) para financiar al PP de forma ilegal usando contratos de obras de nuevos hospitales y centros de salud –añadiendo presuntamente una claúsula del 1% para el partido-, el tribunal da la razón al juez que dijo que ese sobreprecio que pagaba el contratista para publicitar la construcción no tenía por qué «ser delictivo». Los magistrados añaden que igual ocurre con los contratos analizados y que tuvieron lugar en la Consejería de Transportes o en la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica.

Por lo que se refiere al desvío de fondos de la Comunidad Autónoma de Madrid a favor de FUNDESCAM ((Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid creada por el PP), la Sala tampoco ve delito. En concreto, menciona una conversación entre Aguirre y González sobre el límite del gasto electoral en la que se afirmaba que Fundescam no habría pagado, pero el tribunal resalta que «no consta que (ella) haya utilizado los poderes que tenía adjudicados en su condición de presidenta de la referida fundación» e incluso se da a entender que desconocía el tema.

En general, sobre otros supuestos desvíos investigados, los magistrados señalan que tras una fase inicial los investigadores llegaron a la conclusión de «la inexistencia de datos incriminatorios sobre un plan institucional liderado por el partido que gobernaba en la fecha de los hechos la Comunidad de Madrid destinado a subvencionar el partido en cuestión desde sus más altas instancias y con la colaboración de las diversas consejerías». Y lo mismo consideran respecto a los trabajos encargados para mejorar la reputación de diferentes altos cargos del PP.