El juez de Púnica exonera a Esperanza Aguirre de la 'caja B' del PP madrileño

Entre ellos se encuentran el ex secretario general del PP regional, Francisco Granados, o el que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez. Por contra, ha decidido archivar la causa a 71 acusados, entre los que están Aguirre, para quien explica que "no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora" del sistema ilegal de financiación, su sucesor Ignacio González o los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Javier López Madrid.

En un auto de este viernes, el magistrado sostiene que los hechos investigados en una de las causas más antiguas de la Audiencia Nacional serían constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, falsificación, cohecho y tráfico de influencias. En suma, García Castellón - el mismo juez que instruye el 'caso Villarejo- atiende el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y da el paso para pedir a la Sala que se juzgue a ocho personas físicas y dos jurídicas.

Además del considerado cabecilla de la Púnica, Francisco Granados y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, están el informático de la red Alejandro de Pedro; el ex consejero Borja Sarasola; el exdirectivo de Indra Diego Mora; el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Francisco Lobo; la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, y las firmas EICO y Madiva. Contra este auto cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez concluye que los implicados de esta causa, que comenzó en 2014 a raíz de una comisión rogatoria de Suiza por un posible delito de blanqueo de capitales de Granados, participaron en un presunto circuito de financiación ilegal que redundó en campañas electorales de la formación regional, como las de 2007 y 2011 y las generales de 2008. El instructor implica en este «plan» a varios empresarios cercanos al partido, como Ricardo Vázquez y Óscar Sánchez, los cuales participaron en el circuito a través de sus firmas.

En relación con las elecciones autonómicas de 2011, únicas no prescritas, el magistrado explica la operativa desarrollada desde el comité de campaña del PP. Así, mientras la cuenta electoral registró unos costes de 2.986.624 euros que fueron declarados ante la Cámara de Cuentas, los costes totales ascendieron a 6.878.275 euros.

 

Según explica el juez, la contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas "no respondía a la realidad de lo sucedido". Añade que "para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas".

 

A lo largo de 257 páginas, García Castellón añade que la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados. Una vez en sus manos, continúa, él mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y, el resto lo hacía llegar al gerente, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas.

 

El magistrado explica que los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de los años 2007 y generales de 2008 estarían prescritos cuando se les citó como investigados, mientras que los vinculados a la elecciones de 2011 se encontraban prescritos solo para las personas que no hubiesen sido declaradas judicialmente investigadas con anterioridad al 24 de septiembre de 2016, esto es, la fecha en la que el gerente presentó la contabilidad de esa campaña electoral en la Cámara de Cuentas de Madrid.