Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso. / EFE / ep

El Gobierno revindica la potestad del indulto y apela a la «concordia»

PP, Vox y Ciudadanos vinculan el eventual perdón a la necesidad de Sánchez de contentar al secesionismo para seguir al frente del Gobierno

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

Nada ha cambiado en el discurso del Gobierno una vez conocido el contundente informe del Tribunal Supremo contra los indultos a los presos del 'procés' porque responde, a grandes rasgos, a lo esperado. El ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el primer miembro del Ejecutivo en hablar tras trascender la opinión del sentenciador, recordó, de hecho, que, aunque deba tenerla en cuenta, la decisión o no de conceder la gracia del perdón corresponde en exclusiva al Ejecutivo. Después de que Pedro Sánchez alegara el martes que su intención es anteponer la «concordia» a la «venganza» , quedan pocas dudas sobre lo que ocurrirá.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, todavía tiene que preparar los expedientes de los doce reos y elevar una propuesta sobre cada uno de ellos al Consejo de Ministros. No hay plazo formal para ello, pero en la Moncloa apuntan a la segunda quincena de junio o incluso julio. Entretanto, el Gobierno, plenamente consciente de lo impopular que puede resultar la medida incluso para su electorado, intentará que el relato que ya ha empezado a construir para hacer más digerible su decisión vaya calando. Sánchez, por lo pronto, insistió este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo. «La Constitución recoge en su espíritu tanto el castigo como la concordia; hay un tiempo para el castigo –adujo– y un tiempo para la concordia».

El planteamiento tiene algunas aristas. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, replicó en una intervención el Foro de Justicia ICAM, que como medida e concordia el indulto puede ser, efectivamente, «aceptado e incluso entendido». «Cuando no hay concordia –matizó, no obstante, en clara alusión a la actitud que mantienen tanto los condenados como el Gobierno independentista de Cataluña– es difícil de aceptar». El propio presidente aseguró en octubre de 2019, al conocerse la sentencia un mes antes de la elecciones, que garantizaría el cumplimiento «íntegro» de las penas. Y eso da munición a la oposición, ya en pie de guerra, para cuestionar sus verdaderas razones.

El líder del PP, pero también Vox y Ciudadanos, dieron por hecho este miércoles que es la dependencia parlamentaria de los soberanistas y su ambición de permanecer en el poder, no el «interés general» como proclama el Gobierno, lo que ha llevado a Sánchez a defender lo contrario de lo que dijo hace año y medio. Él lo negó. «Le puedo asegurar –replicó a Pablo Casado en el pleno del Congreso– que tomaríamos la misma decisión si el Gobierno progresista tuviera 300 escaños».

Lejos de dar marcha atrás, además, Sánchez pasó a la ofensiva e incluso llegó a culpar a los populares de la dimensión del desafío soberanista en 2017. «A quien le hicieron un 1 de octubre no fue a este Gobierno progresista sino a un Gobierno del PP», disparó. «Usted mismo antes de las elecciones catalanas del 14-F recordaba que la gestión que hizo su Gobierno fue un desastre», recordó.

Epitafio

Casado ya fue muy duro antes de conocer el criterio del Supremo y, además de insistir en que recurrirá la concesión de los indultos si se produce sin arrepentimiento de los condenados (algo que, en sentido estricto, no exige la ley), advirtió al presidente con un vaticinio que prueba hasta qué punto los populares también ven en este debate una oportunidad electoral: «Será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional».

Tras hacerse público el informe del tribunal, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, también insistió en esa idea. «Sus socios de investidura le han dicho que puede elegir entre la vergüenza y las elecciones –dijo en referencia a la posibilidad de tener que optar por un adelanto ante la falta de estabilidad parlamentaria–. Ha elegido vergüenza, pero perderá la vergüenza y las elecciones».

Vox , mientras tanto, no solo anunció su propio recurso sino movilizaciones en las calles, algo que en principio los populares descartan, en parte porque creen que ese tipo de acciones conjuntas benefician más al partido de Santiago Abascal que a ellos. Más allá de las actuaciones concretas, en todo caso, los tres partidos de la derecha coincidieron en el argumento de que ningún Gobierno «digno» debería proceder a un indulto en estas condiciones. «Sería una infamia y una humillación a los catalanes no separatistas», concluyó la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. / EFE

Los socios del Gobierno reclaman cumplir con los acuerdos

M. E. A.

Pedro Sánchez ha reivindicado la «agenda progresista» y el «modelo de cogobernanza» que ha puesto en práctica en el último año, en medio de la emergencia sanitaria, ante las críticas que le han lanzado este miércoles los portavoces del PNV y EH Bildu. Ambas formaciones han advertido al presidente de que debe cumplir con sus pactos de investidura para poder avanzar la legislatura. «Hay que ir concretando políticas», le ha reclamado Aitor Esteban.

Sánchez ha defendido que su Ejecutivo ha ido cumpliendo algunos de los pactos sellados con ambas formaciones y ha dejado claro que su intención es hacerlo con todos de aquí al final de la investidura. «Tenemos por delante muchos meses para materializar muchos compromisos», ha aseverado.

El presidente ha recordado que su Gobierno ha tenido que hacer frente a la gestión de la pandemia pero también ha impulsado la «agenda progresista» prometida en siu investidura. En este año y medio, han visto la luz la ley de memoria democrática, el ingreso mínimo vita, la ley de eutanasia, la de protección a la infancia o la de Cambio Climático, «Aún queda mucho por hacer», la ha insistido la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha pedido a Sánchez que no ceda espacio a la derecha porque «lo gana el autoritarismo».