Félix Bolaños, ministro de Presidencia / Efe

El Gobierno evita tensar más la cuerda con el PP para la renovación del Poder Judicial

Sánchez asegura que no retomará la reforma legal para poder prescindir de los populares y Bolaños deja para septiembre su encuentro con Gamarra

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

La llegada de Félix Bolaños al Ministerio de Presidencia, en sustitución de Carmen Calvo, no ha servido por sí sola para desatascar la negociación con el Partido Popular para la renovación de el Consejo General del Poder Judicial y otros órganos como el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o las vacantes en el Tribunal Constitucional. Bolaños, que se define a sí mismo como «un hombre de pactos» inició este jueves una ronda de contactos telefónicos con los portavoces de todos los grupos parlamentarios a los que emplazó a celebrar encuentros personales ya en septiembre, pero la popular Cuca Gamarra fue tajante: «No hay nada nuevo», dijo en un comunicado.

A pesar de que el pasado mes de febrero los dos grandes partidos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo sobre el Poder Judicial, tras meses de conversaciones supuestamente fructíferas entre el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el popular Enrique López, el entendimiento parece ahora misión imposible. En aquel momento, fue el veto del PP a dos vocales afines a Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, y la negativa de Pedro Sánchez a aceptarlo lo que hizo naufragar el pacto.

El PP esgrime que solo se sentará si el Gobierno se aviene a cambiar el sistema de elección para que sean los propios jueces los que elijan a los doce vocales (de 20) que, según la Constitución, deben provenir de la carrera judicial ,como ocurría hasta 1985. Los socialistas ven en esa exigencia una mera excusa para mantener la actual mayoría conservadora en el órgano de gobierno de los jueces, que se acerca ya a los mil días con el mandato caducado, y recuerdan que, a pesar de haberlo llevado en su programa electoral, ni siquiera cuando tuvo mayoría absoluta el PP impulsó ese cambio.

Unos y otros se tiran a la cabeza, además, el reiterado llamamiento de la Comisión Europea para que se proceda de una vez por todas a la renovación y se garantice la independencia judicial y se acusan de alimentar un grave deterioro institucional. La ley exige una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado para hacer los nuevos nombramientos y sin el concurso de ambos es imposible, con el actual tablero político, alcanzar esa cifra.

En un intento de forzar a Pablo Casado a moverse, Pedro Sánchez pactó con su socio de coalición, hace cerca de un año, dos reformas sustanciales: una, ya en vigor, para limitar las funciones del Poder Judicial cuando, como ahora, sus miembros hayan superado ya los cinco años de mandato para los que fueron elegidos (lo que les impide hacer nombramientos en la cúpula de la judicatura o designar a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden por ley), la otra, de la que finalmente desistió el PSOE ante las advertencias en contra de Bruselas, para cambiar la fórmula de elección y facilitar la renovación con solo la mayoría absoluta de las Cortes.

Salida entre socios

Unidas Podemos no se resigna a llevar adelante esa última reforma legislativa que el presidente del Gobierno, sin embargo, insistió en abandonar este jueves durante un encuentro informal con los periodistas que lo acompañan en su gira para captar inversores en Estados Unidos, según informó Europa Press.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, avanzó, en todo caso, en los cursos de verano de la Complutense, en El Escorial, que los dos socios del Ejecutivo tienen previsto celebrar en breve una reunión para tratar de resolver la situación de bloqueo, aunque alegó que de momento toca ser «discretos» sobre las opciones barajadas. «La gravedad aquí está en que tenemos al principal partido de la oposición como abanderado de la rebeldía contra la Constitución española, secuestrando todas las instituciones a favor de su partido y siendo bastante irresponsable con el diseño delos órganos constitucionales en nuestro país», denunció.