Varios simpatizantes del franquismo, frente al panteón de la familia Franco, en el cementerio de Mingorrubio / Efe

El Gobierno aprueba la ley de memoria y cierra el círculo abierto con la exhumación de Franco

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto con el que prevé ilegalizar la fundación que exalta al dictador y extinguir la del Valle de los Caídos

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, no ha querido retrasar más la aprobación de ley de memoria democrática que le dejó en herencia hace apenas diez días Carmen Calvo. El nuevo hombre clave del Gobierno, que desempeñó un papel primordial junto a la ya exvicepresidenta para exhumar los restos Francisco Franco del Valle de los Caídos, anunció nada más tomar posesión del cargo que se daría un tiempo para examinar el texto antes de incluir su aprobación en el orden del día del Consejo de Ministros. Una semana le ha bastado para dar el visto bueno a la fórmula ideada por su antecesora para sortear los reparos puestos por el Consejo General del Poder Judicial a la prohibición de la fundación que lleva el nombre del dictador, aunque no descarta cambios durante la tramitación parlamentaria. La nueva norma sustituirá a la aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, también declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El PP la considera innecesaria; Vox, revanchista, y parte de la izquierda, insuficiente.

Expulsión de benedictinos

La intención del Gobierno siempre ha sido, en línea con el camino apuntado por la normativa anterior, dar una nueva finalidad al monumental recinto que, hasta noviembre de 2019, acogía los restos del dictador. En paralelo a la tramitación de la norma, tiene ahora previsto elaborar un real decreto ley que establecerá su nuevo marco jurídico y la expulsión definitiva de los benedictinos encargados de su gestión. Los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, hoy junto al altar, también serán reubicados con el resto de víctimas o en otro lugar designado por la familia.

Apología del franquismo

El CGPJ advirtió de que la intención de prohibir cualquier fundación que tenga entre sus fines la apología del franquismo, como apuntaba el anteproyecto de la ley, podía colisionar con la libertad de expresión salvo que ese enaltecimiento conlleve «una lesión de derechos o bienes de relevancia constitucional». Para intentar salvar ese escollo, el texto que se aprobará hoy apunta a quienes actúan «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas o incitación al odio».

Multas de 200 a 150.000 euros

Los actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura que supongan «descrédito, menosprecio o humillación» de los represaliados o de sus familiares, o la convocatoria de actos, campañas de divulgación o publicidad que sean contrarios a la normativa serán ahora castigados con multas de 10.000 a 150.000 euros. Pero la ley recoge un completo régimen sancionador que implica cuantías similares o menores para otras infracciones, en función de su gravedad. No retirar simbología franquista, por ejemplo, puede conllevar la obligación de pagar entre 2.000 y 10.000 euros.

Exhumaciones a cargo del Estado

La búsqueda de personas desaparecidas en la guerra o en la dictadura ya no corresponderá a las entidades memorialistas sino a la Administración General del Estado. Además, se crea el banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo «para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y la de sus familiares».

Juicios nulos y Fiscal de sala

En 2007 el Gobierno no se atrevió a declarar nulos los juicios del franquismo por temor a una avalancha de reclamaciones pecunarias. Ahora se dará el paso de anular condenas -el Gobierno prometió hacerlo, por ejemplo, con la del expresidente de la Generalitat Lluís Companys- aunque la ley no reconoce derecho a indemnización. El texto también contempla la retirada de títulos o condecoraciones otorgados por Franco y la creación de la figura del fiscal de sala que podrá impulsar la búsqueda de desaparecidos e investigar violaciones del derecho internacional.