La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, este martes en rueda de prensa en el Congreso. / EP

El Gobierno aparca la tramitación de la Ley de Memoria Democrática

Las reticencias de EH Bildu y ERC, que suman 18 diputados en el Congreso, hace recular al Ejecutivo, que estudiará sus enmiendas

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Gobierno aparcará, por ahora, la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos llamados a ser fundamentales en el pacto de coalición. Lo hace después de tropezar con ERCy EH Bildu, aliados del bloque de investidura, cuyo apoyo es vital para sacar la norma adelante en el Congreso.

En Moncloa, por el momento, se dan por satisfechos por tener asegurados los Presupuestos Generales del Estado de 2022, un hito que garantiza la continuidad de la legislatura hasta 2023, y optarán por priorizar los compromisos de reformas contraídos con Bruselas para la recepción de los fondos europeos.

Aunque no estaba ligada a la negociación de las cuentas, ERC y EH Bildu mostraron este martes por la mañana su malestar por la marcha de las conversaciones sobre la futura ley. En rueda de prensa conjunta, el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, volvió a insistir al Gobierno en su petición de «resarcir económicamente a las víctimas del fascismo». Tanto él como la parlamentaria de la formación vasca Mertxe Aizpurua evidenciaron que su apoyo a este anteproyecto era aún «muy lejano».

La diputada abertzale recordó al Ejecutivo las enmiendas presentadas conjuntamente con Esquerra, que incluían, entre otras, la supresión del título de Rey, por haber sido concedido a Juan Carlos de Borbón por un «régimen ilegal», en referencia a la dictadura franquista; y la que plantea modificaciones sobre la Ley de Amnistía del 77, pues gracias a ella, aseguraron en el texto, «se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad». También pidió a PSOE y Unidas Podemos «poder cerrar bien algo que se cerró muy mal».

En ese sentido, Rufián afeó al Ejecutivo que «no se puede vender que se abre una vía a la reparación patrimonial sin derogar los elementos que blindan a los funcionarios y a las autoridades que fueron responsables de torturas, por ejemplo, o que firmaron sentencias de muerte absolutamente arbitrarias». También reprocharon que la ley no declare «ilegal» el régimen de Franco.

Tanto Bildu como Esquerra aprovecharon para presumir del poder de influencia sobre el Ejecutivo que han conformado gracias a los 18 diputados que suman ambas formaciones en el Congreso. «La ventana de oportunidad que abrimos al Gobierno con el apoyo a los Presupuestos permanece abierta. Ahora pedimos al Gobierno que muestre la misma altura de miras porque la ciudadanía catalana y vasca les mira», advirtió Aizpurua.

Enmiendas conjuntas

La ley impulsada por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que recibió el proyecto de su predecesora, Carmen Calvo, se ha visto damnificada por estas diferencias, a pesar del avance producido la semana pasada, cuando PSOE y Unidas Podemos acordaron presentar enmiendas conjuntas al proyecto.

Pero los dos socios de coalición acabaron enredándose por la interpretación opuesta de los efectos de la enmienda sobre la Ley de Amnistía. Los morados mantienen que esta sí permitirá juzgar los crímenes del franquismo y acabar con la «impunidad»; los socialistas, en cambio, esgrimen el principio básico de que las leyes penales nunca pueden aplicarse de forma retroactiva.