Tribunal Constitucional. / I. Aizpuru

El Constitucional avala también las penas por sedición a 'los Jordis'

El tribunal niega, en víspera de los indultos, que hubiera «persecución ideológica» en la condena del Supremo y rechaza que la actuación de los dos líderes independentistas encaje en el derecho a la libertad de expresión y reunión

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

El Tribunal Constitucional avaló este miércoles las penas de nueve años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de cargo público impuestas por el Tribunal Supremo a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por su papel «decisivo» en la sedición orquestada por la Generalitat en el otoño de 2017. En plena controversia por la decisión del Gobierno de indultar los condenados en esa misma causa y activar, además, una reforma del tipo penal que los llevó a prisión, la corte de garantías rechaza la idea de la desproporción del castigo.

Las sentencias, de las que han sido ponentes los magistrados conservadores Juan José González Rivas, presidente del Tribunal, y Juan Santiago Martínez-Vares, consideran que la actuación de 'los Jordis', encaminada a promover una oposición material a la ejecución, por parte de la policía, de las decisiones del Constitucional y otros tribunales, no constituyó ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión y que su condena cumple, por tanto, con los principios de la Carta Magna.

La argumentación con la que se deniega el derecho de amparo a los que fueran líderes de las dos principales entidades sociales del independentismo se hará pública en toda su extensión en los próximos días, pero fue anticipada este miércoles en sendos comunicados del propio Tribunal. En sus planteamientos, la corte busca blindar el fallo judicial frente a los recursos que los condenados tienen previsto elevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en esa línea, la sentencia que afecta a Cuixart rechaza expresamente cualquier finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica.

Estos son el quinto y sexto recursos relativos al 'procés' que resuelve el Pleno del Constitucional –sin Cándido Conde-Pumpido y Antonio Narváez recusados por las defensas, ni Fernando Valés que renunció por causas ajenas a este asunto el pasado octubre– y todos han mantenido la misma línea, según la cual, con la actuación de los sentenciados por el alto tribunal «se puso efectivamente en cuestión el funcionamiento del Estado democrático de Derecho»

Votos particulares

Los fallos cuentan, en todo caso, con los votos particulares de los magistrados nombrados a propuesta del PSOE Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que ya se desmarcaron también de las ponencias con las que se denegó el amparo a la exconsejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña Meritxell Borràs y los consejeros Josep Rull, Carles Mundó y Jordi Turull, por considerar que las penas que se les impusieron fueron desproporcionadas.

La reacción de Cuixart no se hizo esperar. Poco después de conocerse la decisión del Constitucional el presidente de Òmnium cultural, ya anunció a través de un tuit que recurrirá al TEDH para «acusar al Estado». «Los tribunales políticos nunca sorprenden. Seguiremos utilizando la prisión como altavoz de denuncia internacional», avisó.

Al margen de este asunto, el tribunal de garantías también resolvió este miércoles sobre el recurso planteado por los condenados por el asalto al Parlament en 2011. En este caso, la mayoría de magistrados rechazaron por siete votos a cuatro la propuesta de Conde-Pumpido de conceder el amparo y anular las penas de tres años de prisión a ocho de sus autores al considerar que no fueron escuchados por el Supremo.