Sánchez este jueves en su rueda de prensa en Sudáfrica junto al presidente Cyril Ramaphosa . / Phill Magakoe / POOL / AFP

Sánchez defiende su reforma de la sedición e insta a Feijóo a desvincularla del CGPJ

El presidente del Gobierno afirma que el acuerdo en materia judicial está «listo y preparado» a la espera de que los populares ratifiquen su voluntad de renovar

Paula De las Heras
PAULA DE LAS HERAS Madrid

El asunto es tan delicado que la orden de Moncloa ha llegado clara a los ministerios: no se habla de la reforma de la sedición. Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en su compromiso de rebajar las penas del delito por el que fueron condenados los cabecillas del 'procés' y al que aún se enfrentan algunos de los protagonistas de la ofensiva secesionista de 2017 como Carles Puigdemont o la secretaria general de ERC, Marta Rovira, es algo que, según apuntan en el núcleo duro de la Moncloa, solo conocen el propio Pedro Sánchez y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Y eso llevó este miércoles a un momento de enorme confusión en la Cámara baja. Pero el jefe del Ejecutivo, a miles de kilómetros, fue claro: no aceptará que el PP condicione sus planes legislativos con la amenaza de dinamitar el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Sánchez , de viaje oficial en Sudáfrica, defendió que la «hoja del reencuentro» diseñada por su Gobierno ha ayudado a mejorar la convivencia en Cataluña y que sigue estando convencido de que la situación que se vivió en octubre de 2017 -la celebración de un referéndum ilegal sobre la independencia que provocó un gran desgarro social- debe resolverse por «cauces políticos». «A partir de ahí -arguyó en una defensa clara de su propuesta de reforma del Código Penal- una de las principales lecciones que tenemos que extraer es la necesidad de homologar algunos tipos de delito al contexto europeo en el que nos desarrollamos y desenvolvemos. Y ese es el marco en el que está moviendo el Gobierno ».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha llegado a condicionar abiertamente la renovación del órgano de gobierno de los jueces -en la que Gobierno y PP llevan trabajando tres semanas después de cuatro años de bloque- a una renuncia del Gobierno a sus planes para satisfacer a Esquerra, socio privilegiado de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos . Pero el jefe del Ejecutivo salió al paso de informaciones que apuntaban en esa dirección para reclamar que una y otra cuestión se desvinculen. «Una cosa es la agenda legislativa, en contra de la que puede votarse cuantas veces uno desee, y otra es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales, y ese -subrayó- es el llamamiento que quiero hacer».

Sánchez aseguró, además, que el acuerdo en materia judicial -que incluye cuestiones como que los jueces que entren en política no puedan regresar a sus funciones hasta dos años después de haber cesado- está ya «listo, preparado» solo a falta de que los populares ratifiquen sus voluntad política de sellarlo. «Nunca como ahora hemos estado tan cerca de llegar a un acuerdo y eso creo que es una buena noticia y una oportunidad de encontrar una oposición equilibrada para el PP», insistió.

Sin plazos

La incógnita que sigue viva es cuándo realmente impulsará el Ejecutivo la controvertida reforma del Código Penal y si hasta qué punto la disposición mostrada por Sánchez no es un señuelo para preservar el apoyo de Esquerra en plena tramitación de las Cuentas de 2022. Porque en los últimos días, distintos miembros del Gobierno han ido enfriando o calentando, según el momento, la posibilidad de que el asunto vaya adelante, pero ni desde Moncloa se habla de plazos ni nadie aclara -tampoco lo hizo el presidente a una pregunta concreta sobre el asunto- cuál será la propuesta concreta que se pondrá sobre la mesa.

Antes de su destitución, en julio de 2021, el ministro de Justicia Juan Carlos Campo ya dejó un texto preparado, pero siempre advirtió de que en paralelo a la rebaja de las penas atribuibles a la sedición podrían endurecerse otros tipo o incluso castigar cuestiones como la desobediencia al Tribunal Constitucional. Esos no son planteamientos precisamente del agrado de los socios independentistas.

Este mismo jueves, antes de la rueda de prensa de Sanchez, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, pareció alentar durante la segunda jornada del debate de Presupuestos en el Congreso la idea de que la propuesta legislativa podría plantearse en breve. «La traeremos a esta cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión», señaló en respuesta al diputado de ERC, Joan Margall.

Vídeo. Montero anuncia que el Gobierno llevará al Congreso una reforma del Código Penal. / EFE

En un primer momento, parecía que algo había cambiado y que todo se precipitaría. Sin embargo, Montero matizó después en los pasillos del Congreso, cuando el ruido por el supuesto malestar de los populares ya había trascendido, que no había querido avanzar nada y que la posición del Ejecutivo sigue siendo la misma. «Lo que he expresado en la tribuna es lo mismo que dijo el presidente: la voluntad del Gobierno es homologar el delito con los estándares europeos, que para eso necesitamos una mayoría y que el compromiso es impulsarlo en el momento en que existan esas mayorías, que ahora no existe. Si en algún momento se ha interpretado por mis palabras que estaba dando un paso más, para nada», se excusó. «Yo soy la ministra de Hacienda y no tengo competencias en la materia», abundó.

Esquerra niega que no haya mayoría absoluta para sacar adelante la reforma. «Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira», señaló este jueves Gabriel Rufián frente a lo que Esquerra considera un pretexto de los socialistas. El portavoz republicano recordó que también el PSOE se escudaba en que no existía una mayoría suficiente para que triunfase una moción de censura contra Mariano Rajoy y al final Sánchez acabó en la Moncloa.

Vídeo. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, sostiene que hay mayoría suficiente para reformar la sedición. / EP

El debate, sin embargo, es lo suficientemente delicado como para que Sánchez, que fue quien lo puso en circulación 20 días de su investidura como parte de su estrategia de apaciguamiento del independentismo, ande ahora con pies de plomo. No solo por la posible reacción del PP sino porque en su propio partido exista el temor a que semejante gesto ante el secesionismo pase factura en los comicios de mayo.