Casado amenaza con llevar a Europa el reparto de los fondos de recuperación

El Ejecutivo, pero también los presidentes de algunas comunidades beneficiadas por la partida que este miércoles recurrió Madrid ante el Tribunal Supremo, acusan al PP de poner en marcha una estrategia «irresponsable» que, en la práctica, no erosiona a los partidos del Gobierno sino la propia imagen de España y sus instituciones y que puede acabar teniendo consecuencias negativas para el conjunto del país..

«Lo que me importa es que Europa han confiado en España para su recuperación», dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en alusión al visto bueno que ya dio Bruselas al plan español el pasado abril. «El PP debería estar orgulloso en lugar de tratar de ensombrecer una apuesta de país».

El lehendakari Iñigo Urkullu se limitó a responder que no contribuirá a «polémicas interesadas que alimenten la dinámica de enfrentamiento político-institucional permanente». Y el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, tildó de «partidismo amoral» el recurso presentado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno defiende que los nueve millones en discusión, entregados a la Comunidad Valencia, Extremadura, País Vasco y Navarra para planes piloto de empleo, suponen el 0,08% de los fondos ya asignados a las comunidades autónomas y el 0,03% de los 24.198 millones de euros presupuestados en 2021 en el Plan de Recuperación. «Es por tanto una gran manipulación tratar de poner en cuestión la ejecución de la totalidad del Plan», esgrimen desde la Moncloa. También alegan que las subvenciones, concedidas vía decreto ley, cumplen «escrupulosamente con la ley de subvenciones».

El PP, sin embargo, considera que lo que el Ejecutivo no ha sido capaz de justificar son los criterios de reparto seguidos para distribuir un dinero al margen de las conferencias sectoriales con el conjunto de las autonomías, que es el mecanismo utilizado para decidir la entrega del grueso de los fondos correspondientes a las comunidades.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Enrique López, replicó además que por «nimia» que sea la cantidad entregada a otros gobiernos, nada puede justificar que se siga un criterio «arbitrario».

Por lo pronto, la Comisión Europea, ha optado por tratar este asunto como una disputa «nacional». La comisaria para Asuntos Económicos, Veerle Nuyts, evitó pronunciarse sobre el tema. Pero también recordó que el fondo anticrisis de la UE ya prevé mecanismos de control.