Laura Borràs. / EP

Aragonès y Borràs trasladan el conflicto lingüístico a la pugna secesionista

La presidenta del Parlament presiona al Govern para que desobedezca las sentencias sobre el castellano y tome el control de los centros educativos

CRISTIAN REINO Barcelona

El independentismo empieza a agrietarse también en la cuestión del conflicto lingüístico. ERC y Junts, socios en el Govern catalán, han permanecido estos últimos días unidos en torno a la polémica del colegio de Canet de Mar (Barcelona) y la sentencia del TSJC que obliga a la Generalitat a impartir el 25% de las clases en castellano. Junts, en cambio, ha iniciado este lunes las hostilidades y ha cargado contra el consejero de Educación, Josep-González-Cambray, de ERC, quien días atrás admitió que no podía hacer nada para que se cumpla la sentencia en Canet y por tanto dijo que no podía evitar que el colegio Turó del Drac adapte su estructura al fallo judicial para que el niño de P5 de la familia que acudió a los tribunales reciba el 25% de las asignaturas en catalán.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, que mantiene posiciones muy radicales en la cuestión de la lengua, ha instado esta mañana al consejero que desobedezca las sentencias sobre el español. «Es imposible que no podamos hacer nada. Hay que poder hacer cosas», ha criticado Borràs al consejero de Educación, que asumió resignado que debía acatar las resoluciones judiciales, en parte porque, como en el caso de Canet, dijo que la orden judicial iba dirigida al director del centro y no a la Consejería de Educación. Por ello, Borràs, ha emplazado al Govern a intervenir la dirección de los centros para dar «cobertura y descargar la presión sobre los profesionales».

La líder nacionalista propone que la Consejería de Educación adopte las mismas medidas que para el referéndum ilegal del 1-O. Asumir la responsabilidad desde la administración autonómica de una eventual desobediencia para exculpar a los directores de los centros educativos, que en el 1-O eran colegios electorales.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha replicado poco después a Borras. Ha pedido responsabilidad y no hacer partidismo con la cuestión de la lengua. Lo ha dicho en genérico, pero iba claramente dirigido hacia la presidenta del Parlament, que siempre que puede aprovecha para marcar perfil propio en el debate independentista. Hasta el punto que en ERC la consideran, en ocasiones, la jefa de la oposición.

Aragonès, tras un encuentro con el lehendakari Iñigo Urkullu en Alp (Girona), en el marco de una cumbre del Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, ha pedido que se deje «en paz» a la escuela catalana. El Govern, ha dicho, trabaja para garantizar la continuidad del modelo de inmersión, que cuenta a u juicio con consenso social y político.

«Trabajamos para buscar una solución sólida, permanente y efectiva para continuar con el modelo, en eso nos centraremos», ha afirmado, ignorando la propuesta de Borràs, que ERC ha calificado de «mágica» e «improvisada». Aragonès no ha querido responder a si hablará con la familia que ha pedido más hora en castellano y que esta mañana ha dirigido una carta abierta, acusando al Govern de atizar el odio. Según Aragonès, el actual modelo debe ser «fortalecido», porque garantiza la convivencia.

En una carta firmada por dirigentes del soberanismo, entre otros el expresidente Quim Torra o el exvicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, llegan a la misma conclusión que Borràs y aprietan a Aragonès para que desacate la orden judicial. «Cuando se produce un ataque a la lengua, se pasa muy rápidamente de decir que el catalán no se toca a decir que no podemos hacer nada ante una decisión judicial», critican.

«Los poderes ejecutivo y legislativo no están subordinados a lo judicial», afirman. Y rematan que si hay una mayoría a favor de un modelo de escuela, es necesario defenderlo «por todos los medios», incluso «asumiendo los riesgos desde el gobierno sin dejar a los docentes desprotegidos ante nuevos ataques». «Es necesaria una estrategia institucional clara y asumida con todas las consecuencias de no acatar resoluciones contrarias a la lengua catalana ya la inmersión en el ámbito escolar», rematan.