Begoña Gómez recurre la orden del juez de incautarse de todos sus mails desde 2018

Gómez el próximo miércoles, junto a Álvarez, está citada para declarar como imputada por malversación, la nueva acusación de Peinado contra la esposa del jefe del Ejecutivo, quien hasta ahora estaba investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El abogado de Gómez, el exministro socialista del Interior Antonio Camacho, en un escrito dirigido directamente a la Audiencia Provincial de Madrid, se queja de que la orden de incautación de todos los correos de la imputada «carece de motivación» y ha sido emitida sin «ninguna cautela» por parte de Peinado, pese a conocer el instructor la «repercusión mediática indiscutible» de su defendida y que esta medida afecta a los derechos más fundamentales de la investigada.

Y es que, recuerda, Camacho, esos correos «pueden guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad» de Gómez, con el riesgo de que éstos archivos acaben en el sumario y se hagan públicos.

La defensa de la esposa de Sánchez incide en que Juan Carlos Peinado ha ordenado a Moncloa que le remita copia de todos los mails recibidos y enviados en los últimos siete años sin «motivar» esa resolución, más allá de explicar que efectivamente la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Presidencia del Gobierno le ha confirmado que Gómez desde que su marido llegó a Moncloa tiene un mail oficial.

En otro escrito, la defensa de la investigada recurre su imputación por malversación por el trabajo que supuestamente Álvarez hizo para la cátedra de la Complutense de Gómez. Camacho, que reconoce que la suspensión de la cita de este miércoles ya es poco viable, incide no obstante en que los nuevos cargos contra la esposa del presidente se basan exclusivamente en que la asesora envió tres correos relacionados con la cátedra, pero que en realidad se remitieron por cuestiones de agenda y seguridad de la mujer del presidente, por mucho que en alguna postdata se hablara de asuntos académicos. «Es difícil sostener que con esa actuación la señora Álvarez o mi defendida pudieron cometer un delito de malversación de caudales públicos», afirma Camacho.

Recuerda la defensa de Gómez que la propia asistente admitió que en alguna ocasión, y a modo de «favor» a una amiga, ella hizo alguna gestión para la cátedra, pero que estos pequeños trabajos –afirma Camacho- en modo alguno pueden ser merecedores de un reproche penal por malversación. «No podemos olvidar que es habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos», escribe el letrado. «Es una interpretación del Código Penal extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad», tildar de malversación la remisión de un mail echando una mano a una amistad, sentencia la defensa de Gómez.