Alberto Rodríguez, en una imagen de archivo cuando era diputado. / E. P.

El exdiputado Rodríguez pide a Batet la devolución del escaño

El exparlamentario de Unidas Podemos alega que el Supremo le ha comunicado que su pena ha quedado extinguida

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁN Madrid

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha solicitado a la presidenta del Congreso la restitución de su escaño una vez cumplida la pena impuesta por el Tribunal Supremo por agredir a un policía en enero de 2014. Una petición que abrirá un nuevo debate jurídico porque a la multa impuesta se añadió la de inhabilitación para cargo público pero sin determinar por cuánto tiempo.

El dirigente canario ha escrito una carta a Meritxell Batet para comunicarle que su pena de 45 días de cárcel sustituida por una sanción económica equivalente de 540 euros quedó «extinguida» el pasado 5 de diciembre, según le informó el tribunal sentenciador. En consecuencia, reclama a la presidenta de la Cámara que «tenga a bien, sin más demoras» proceder a su restitución como diputado electo «al no existir ya pena alguna pendiente de cumplir».

Fuentes parlamentarias anticiparon que lo más probable es que la petición de Rodríguez sea desestimada porque la condena del Supremo llevaba aparejada la pena accesoria de «inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo». Es decir, imposibilidad para ejercer un cargo público. Aquí las opiniones entre los juristas se dividen entre los que entienden que el castigo abarca a toda la legislatura para la que fue elegido diputado por Tenerife, y entre quienes consideran que se limita a los 45 días de la pena.

El debate surge porque el Tribunal Supremo no incluyó en su sentencia del pasado 6 de octubre ninguna precisión temporal. El presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, nunca aclaró ese extremo porque ante las peticiones de aclaración de la propia Batet respondió que su función no era «asesorar» a otras instituciones del Estado.

45 días o toda la legislatura

El meollo de la cuestión radica en que el artículo 42 del Código Penal establece que «habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación», mientras que el artículo 44 no exige esa precisión. El exdiputado es de los que defienden que su castigo está satisfecho a todos los efectos. Pero entre los letrados del Congreso el criterio dominante es que la inhabilitación abarca toda la legislatura.

Cuando Batet decidió privar el pasado octubre a Rodríguez de su escaño, a pesar de que un primer informe de los servicios jurídicos lo desaconsejaba, luego corregido, provocó un serio enfrentamiento en la coalición gubernamental. Unidas Podemos amenazó con presentar una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso aunque después desistió. Un choque amenaza con reeditarse ahora.

El paso de Rodríguez para regresar a la Cámara baja ha sorprendido incluso a los suyos porque una vez que fue despojado de su asiento anunció su retirada de la política y reprochó a Unidas Podemos que no le hubiera apoyado con más contundencia. «Tengo la sensación de que se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su voz en el Congreso», se quejó en una entrevista en la Sexta.

Se da la circunstancia además de que Unidas Podemos nunca ha cubierto la vacante dejada por Rodríguez con los siguientes nombres de la lista electoral. La dirección del grupo parlamentario morado sostiene que lo han intentado pero que las personas a las que correspondía aceptar el cargo se negaron a reemplazar al cabeza de lista. Un agujero que ha dejado la representación de Unidas Podemos en el Congreso en 34 diputados, uno menos que los obtenidos en las generales de noviembre de 2019, y restaba también uno al exiguo bloque gubernamental, que desde octubre se ha quedado en 134 parlamentarios.