El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares / Efe/Vídeo: E. P.

La UE ampara a España y pide explicaciones a Argelia por sus represalias comerciales

El Gobierno eleva el tono en la crisis diplomática y estudia una respuesta «firme» y denunciar al país vecino ante Bruselas

Miguel Ángel Alfonso
MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid

El Gobierno escaló ayer el tono de su discurso contra Argelia después de que la Asociación bancaria del país vecino ordenara a sus entidades congelar las operaciones dirigidas o procedentes de España a partir de este jueves. Si el miércoles, cuando el Ejecutivo argelino anunció la ruptura del tratado de amistad entre ambas naciones el Ministerio de Asuntos Exteriores confiaba en mantener las relaciones con «un país amigo», ayer, tras conocerse las represalias comerciales, el ministro José Manuel Albares anunció una respuesta «adecuada, serena y constructiva, pero firme, en defensa de los intereses y empresas españolas». Una declaración que en el sutil lenguaje diplomático solo puede derivar en un escenario:el empeoramiento de las relaciones entre ambos países.

La crisis se ha agravado desde que Pedro Sánchez justificara el plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental hace dos días en el Congreso, un hecho que Argel calificó inmediatamente de «ilegal» y «desleal». Ahora, Exteriores estudia denunciar a Argelia ante la Unión Europea por vulnerar el Acuerdo Euromediterráneo de 2005, que estableció un régimen de asociación preferente entre los socios europeos y Argelia. Fuentes gubernamentales creen que la congelación de los bienes bancarios vulneran precisamente este tratado y están dispuestos a llegar hasta el final, aunque por ahora se limitan a analizar las implicaciones y el alcance práctico de esta decisión a escala nacional y europea. «No hay que adelantar acontecimientos», se limitan a señalar desde Exteriores a este periódico, que no desvelan sin mantienen contactos con representantes del Estado magrebí o están rotos.

La Comisión Europea, en cambio, fue ayer más allá y calificó de «extremadamente preocupante» la decisión del Gobierno argelino. También pidió al Ejecutivo de Abdelmayid Tebune que revierta la situación, recordando que el comercio afectado por su decisión implica a la relación entre Argelia y la UE. El artículo 38 del tratado señala que ambas partes «se comprometen a autorizar, en monedas de libre convertibilidad, todos los pagos corrientes relativos a transacciones» entre las dos orillas del Mediterráneo y a garantizar la libre circulación de capitales. Algo que Argelia ya estaría incumpliendo de facto. La portavoz del área de Asuntos Exteriores del Ejecutivo europeo, Nabila Massrali, advirtió de que en Bruselas están «estudiando el impacto de esta decisión», aunque aseguran no tener «más detalles» de la misma.

La Comisión no descarta preparar un informe sobre las consecuencias de esta ruptura entre Argel y Madrid en el que muy probablemente se reflejará el hecho de que otro país europeo, Italia, ha ocupado rápidamente las posiciones comerciales y económicas de las que la crisis diplomática ha expulsado a España.

Por ello, una de las consecuencias más temidas pasa porque Argelia decida cerrar el grifo del gas. Hasta febrero, el país magrebí era el principal suministrador de España, pero el cierre del gasoducto que une su territorio con Cádiz a través de Marruecos redujo el porcentaje del 40% al 23,4% del total. Estados Unidos es desde entonces el mayor proveedor con el 30,7% de todas las importaciones de esta fuente de energía. Sin embargo, la cifra no se puede desdeñar en un contexto de carestía y alza de precios en los combustibles.

En Moncloa cierran la puerta a esta posibilidad y niegan que las represalias afecten a la importación de gas. Albares basa esta predicción en las informaciones que, según explicó ayer, le han facilitado los operadores energéticos. También defendió esta tesis la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que recordó que los contratos gasisticos se firmaron entre empresas y que tienen vigor de diez años. «Hoy por hoy está funcionando con total normalidad», se limitó a subrayar.

Albares, que tenía previsto en su agenda asistir a la Cumbre de las Américas, finalmente se desplazará este viernes a Bruselas para entrevistarse con el vicepresidente de la Comisión responsable de la política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis.

Victoria pírrica

En el epicentro de todas las tensiones se encuentra la carta que el pasado 18 de marzo hizo pública el Palacio Real de Marruecos. En ella, el Gobierno español aceptaba la declaración de la autonomía del Sáhara Occidental dentro de la soberanía marroquí como «la solución más realista y creíble». Argel, aliado del Frente Polisario y enemigo acérrimo del país alauita, reaccionó airadamente.

Aquel giro histórico en la política exterior dado por el Ejecutivo Sánchez, que también causó estupor entre la oposición y sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, buscaba solucionar un conflicto diplomático con Marruecos, el más grave desde la toma del islote Perejil hace ya dos décadas. Las tensiones, iniciadas por Rabat durante la pandemia con el acoso comercial a Ceuta y Melilla, el descontrol de los flujos migratorios y la suspensión de la Operación paso del Estrecho, entre otras medidas, se redoblaron con la acogida del líder polisario Brahim Ghali, en secreto, para tratarse de la covid-19 en un hospital de Logroño.

El incidente empezó a desbloquearse con la salida del Gobierno en julio del año pasado de la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, que reconoció en una entrevista a este periódico que volvería a acoger a Ghali «por motivos humanitarios». Moncloa esperaba con el espaldarazo al plan de Marruecos dar carpetazo al asunto, pero ha terminado desencadenando otra crisis con otro país vecino mientras Rabat sigue sin reconocer, a cambio, la soberanía española de Ceuta y Melilla. Una victoria que puede ser tachada de pírrica. Mientras tanto, el enviado argelino para el Sáhara Occidental, Omar Belani, insinuó ayer que la inteligencia marroquí está chantajeando al Gobierno tras los casos de espionaje a Sánchez y a varios ministros, lo que definió como «guerra sucia», pero no aportó pruebas.