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Unidas Podemos (UP) quiere que el Consejo de Europa censure a los colectivos profesionales de la Policía y la Guardia Civil y a los partidos políticos que el pasado 27 de noviembre protagonizaron la protesta multitudinaria contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada por el PSOE y la formación morada. UP, en un gesto inédito, ha remitido un informe a la Comisión de Venencia, órgano consultivo del Consejo de Europa, en el que denuncia que 40 asociaciones de las fuerzas de seguridad, con el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos, se están oponiendo con «demagogia y falsos argumentos» a las modificaciones legales de la ‘ley mordaza’ instadas por el propio Consejo de Europa, que el pasado marzo alertó sobre el «potencial represivo» del texto que aprobó el PP en 2015.
En síntesis, Podemos reclama al Consejo de Europa que intervenga públicamente para mostrar su «honda preocupación» por las movilizaciones de policías y partidos de oposición, al tiempo que pide a la institución internacional que certifique que PP, Vox, Ciudadanos y los colectivos profesionales están «tratando de confundir a la opinión pública española», haciendo «germinar» una «interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas».
La formación morada reclama un pronunciamiento público del Consejo de Europa contra las fuerzas de oposición y sindicatos porque –insiste- están «difundiendo de forma consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad pública y privar a las fuerzas de seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo».
Frente a ello, explica el texto remitido a Estrasburgo, la reforma planteada por los partidos del Gobierno tiene un «enfoque progresista y garantista», totalmente acorde con lo que demanda Europa, sobre todo porque va dirigida al «refuerzo de la democracia» y la «protección de los derechos fundamentales». Podemos recuerda que sus propuestas, entre otras cuestiones, abogan por reducir la cuantía de las multas de la normativa, garantizar la toma de imágenes de intervenciones policiales cuando no atenten contra la seguridad e intimidad de los agentes, reducir el tiempo de traslado a comisaría para identificaciones o no sancionar manifestaciones no comunicadas que se desarrollen de forma pacífica.
Sostiene UP que frente a estos cambios impulsados para cumplir las recomendaciones del propio Consejo de Europa, PP, Vox, Ciudadanos y los colectivos profesionales de la práctica totalidad de las policías del país han mostrado su «radical oposición» a cambios como el de reducir la lesividad del material usado por las policías durante los disturbios o el de que negar la presunción de veracidad en los atestados de los agentes para respetar así el principio de presunción de inocencia.
El texto enviado a Estrasburgo lleva las firmas del portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, y el dirigente de IU y portavoz adjunto, Enrique Santiago. Este último este lunes defendió que «no se puede normalizar» que sindicatos policiales intenten «condicionar» la acción legislativa y aseguró que «no es asumible» que pidan que no se reconozcan «derechos y libertades» de los españoles. Santiago denunció en esa línea la «pérdida de neutralidad» que debe regir en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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