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Efe / Madrid
Lunes, 11 de marzo 2019, 12:56
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A diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con imputados en otros procedimientos en Cataluña, Quevedo, investigado en un juzgado de Cornellà (Barcelona) por supuesta pasividad en el 1-O, ha accedido a declarar como testigo en el juicio del procés pese a que la ley le permite no hacerlo.
El comisario, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, ha explicado el malestar de la Policía catalana ante unas declaraciones públicas del exconseller de Interior Joaquim Forn en las que decía que los Mossos se comportarían el 1-O de la misma forma que en una jornada electoral.
"Eso obviamente no nos parecía que fuera acorde con la realidad", ha precisado Quevedo, que ha seguido la misma línea que el comisario de Información de los Mossos el 1-O, Manel Castellví, que incriminó al expresident Carles Puigdemont, al sostener que le conminaron sin éxito a parar el 1-O por riesgo de violencia.
Como hizo la semana pasada Castellví, Quevedo ha señalado que esa "queja" la dejaron "patente" en dos reuniones, el 26 y el 28 de septiembre de 2017, "no solo al exconseller Forn", sino también a Puigdemont y al exvicepresident Oriol Junqueras.
"No podíamos actuar como en cualquier otra jornada electoral normal en una actividad política que había sido prohibida", ha precisado el entonces jefe de la comisaría general de Planificación y Seguridad de los Mossos.
Por otra parte, Quevedo ha precisado que en la reunión de presentación de Forn con los mandos de los Mossos, el exconseller -acusado de rebelión en este juicio, en el que se enfrenta a 16 años de cárcel- les dijo que "tenía clara la separación entre la actividad política del Gobierno y lo que debía ser la actividad operativa o el cumplimiento de la ley por parte de la Policía".
El comisario, ya en segunda actividad, ha mencionado "el clima de tensión que se vivía en Cataluña" antes del 1 de octubre de 2017, que llevó a los Mossos a tomar medidas de protección de edificios públicos del Estado.
A su parecer, "no cabe duda" que ante "las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña" era "bastante obvio que se podían generar tensiones en la comunidad".
Por ello, ante la posibilidad de que hubiera "incidentes" o "conflictos entre colectivos antagónicos", se detectó la "necesidad de proteger especialmente determinadas instituciones y personas".
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