La lucha contra el coronavirus

La Guardia Civil: «No se debería haber celebrado ninguna manifestación en Madrid»

26/05/2020

Según los investigadores, en esas fechas ya existía un «profundo conocimiento« de los riesgos de la Covid-19 por parte de los responsables sanitarios

El informe realizado por la Guardia Civil por encargo de la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de la marcha del 8-M concluye que a partir del pasado 5 de marzo «no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19».

En el documento, de 83 páginas, también se afirma que a partir de la mencionada fecha tampoco se deberían haber celebrado unas y cancelado otras, «como al final terminó ocurriendo», en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad.

Según los investigadores de la Guardia Civil, en esas fechas ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas».

El informe subraya en sus conclusiones que las «recomendaciones imperativas» que se transmitieron desde el Ministerio de Sanidad al «colectivo evangélico» y el «nivel directivo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones» son indicios de la «preocupación» de éstos frente a la pandemia y «su interés real por velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios».

Carmen Rodríguez-Medel ha remitido una carta al Ministerio del Interior en la que recuerda que ha dado orden a la Guardia Civil -que actúa como Policía Judicial- de «guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones y advierte de responsabilidades penales si no se actúa de esta manera.

El oficio fue remitido este lunes por la mañana al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y coincide con el cese del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego López de los Cobos, que ordenó ayer mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Fuentes cercanas al Instituto Armado señalan que la destitución se produjo por «pérdida de confianza» al no haber comunicado que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8M, que apunta a la responsabilidad del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien, en su opinión, manejaba datos que evidenciaban la gravedad de la crisis tres días antes del Día de la Mujer.

En su escrito, que publica ‘El Español,‘ la magistrada señala que «desde el primer día» de la investigación, dio «orden expresa» a la Policía Judicial de «guardar rigurosa reserva» sobre la evolución y resultado de las investigaciones encomendadas, así como «de todas las informaciones» que a través de ella obtengan, de modo que «sólo se informará a esta magistrada-jueza».

Advierte, además, de que «la infracción de dicho deber será corregida disciplinariamente sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiera dar lugar -que pudieran ser penales-», una cuestión que hasta la fecha no le consta que se haya producido pero que «podría dar lugar a la correspondiente investigación» por el juzgado en caso de que así fuera.

La Policía Judicial depende de los jueces

La jueza cita en su misiva el artículo 126 de la Constitución que dice que «la policía judicial depende de los jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca»

Marlaska cesó al coronel, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1-O en Cataluña, por «pérdida de confianza», según manifestaron fuentes del Ministerio, sin dar más detalles.

Sin embargo, otras fuentes próximas al instituto armado indicaron que el cese puede estar motivado por el citado informe, si bien no tanto por su contenido como por no haber comunicado que se iba a entregar a la jueza, pese a tratarse de un tema «delicado».

Poco después de trascender esta decisión, se conoció una providencia de la jueza en la que cita como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que comparecer el 5 de junio de forma telemática.

De hecho, en ese mismo escrito la magistrada advierte a las partes personadas, Fiscalía y Abogacía del Estado, y al personal del juzgado de que «la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal».

En los mismos términos que contiene el oficio a Interior, indica que los agentes de la Policía Judicial «deberán guardar rigurosa reserva» sobre las investigaciones e informaciones de las que solo darán cuenta a la magistrada.