La delegación del Parlamento Europeo visitó el Memorial de Víctimas de Vitoria el pasado mes de noviembre. / B. Castillo

La justicia trata que 62 etarras indemnicen con 11 millones a sus víctimas

El informe de la misión del Parlamento Europeo que visitó España revela que la Policía Nacional sigue a 26 etarras que viven en el extranjero

JESÚS J. HERNÁNDEZ

Tras el fin de ETA en 2011 y la entrega de las armas en 2018, la Guardia Civil y la Policía Nacional han seguido trabajando en varias líneas. Buscan a aquellos exmiembros de la banda huidos que tienen causas pendientes con la justicia y también a los que no han pagado las indemnizaciones a las víctimas que prevén las condenas, la llamada «responsabilidad civil». En concreto, habla de operaciones sobre 62 expresos y un montante de 11 millones. Poco se sabe de esas investigaciones ya que la Policía las mantiene en una absoluta discreción. Sin embargo, hay nuevas pistas gracias al informe final de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitó España el pasado octubre.

El general del servicio de Información de la Guardia civil, Valentín Díaz Blanco, y su homólogo en la Policía Nacional, el comisario general Eugenio Pereiro, explicaron las líneas maestras a los europarlamentarios que aspiraban a arrojar luz sobre los 379 crímenes de ETA sin resolver. Esas directrices policiales están plasmadas en el informe final de la misión, al que ha tenido acceso este diario, y que será pronto público. En él hay cifras y actividades desconocidas hasta el momento. Por ejemplo, que la Policía Nacional «tiene datos sobre 26 individuos» que estuvieron vinculados con la banda y «residen en el extranjero». La Guardia Civil quiere determinar si participaron en atentados para solicitar su extradición.

Los dos cuerpos de Policía mantienen «distintas formas de colaboración internacional» con países de la UE, así como con México, Cuba y Venezuela. En España los responsables policiales reconocen que siguen «buscando armas que ETA no ha entregado». La Guardia Civil está llevando a cabo una operación para reclamar responsabilidades civiles a miembros de ETA que ya han cumplido sus condenas penales pero que no han satisfecho la parte económica y que suman 11 millones de euros en deudas. Según se detalla en el informe, han adoptado medidas contra 62 terroristas y han actuado sobre 18 inmuebles, salarios de trabajo, cuentas bancarias y vehículos.

La parte más conocida de este trabajo posterior al final de ETA es la 'operación Damocles', que llevan de forma conjunta los dos cuerpos policiales y donde «se continúan investigando todos los casos» de atentados terroristas sin resolver. Los agentes trabajan con informes periciales de inteligencia, donde se alternan nuevas técnicas de criminalística y pruebas de ADN. «De hallarse un mínimo indicio, se lleva a los responsables ante instancias judiciales», aseguran los altos mandos policiales. A veces chocan contra un muro. Díaz Blanco reconoció ante los europarlamentarios que «la única manera de investigar a fondo todos los atentados es que los terroristas cooperen», algo que nunca ha sucedido.

Prescripción de los delitos

También han experimentado algunos avances significativos en los últimos años. La colaboración francesa abrió «una línea de trabajo en febrero de 2018, que consiste en analizar toda la información facilitada por las autoridades francesas». «Ha supuesto la reapertura de seis casos y la imputación de dos personas. La Guardia Civil ha presentado más de 160 informes sobre atentados sin esclarecer, haciendo especial hincapié en los casos más urgentes porque su prescripción es inminente. Hay 40 casos abiertos en la Audiencia Nacional».

El informe de la comisión contiene estas aportaciones realizadas por los altos mandos policiales y también las recomendaciones que ya han trascendido. Entre ellas, la petición a las instituciones competentes para que consideren «los crímenes terroristas de ETA como crímenes de lesa humanidad». Es una vía para que no prescriban, a juicio de los peticionarios, Dignidad y Justicia, aunque otras asociaciones de víctimas han dudado de que tenga recorrido legal.

Tanto Covite como la AVT recordaron que la legislación española ya contempla la no prescripción desde 2004 y ambas asociaciones consideran que no es posible remontarse más en el tiempo ya que las leyes son, por definición, no retroactivas.